La antigua Uralita desazonó a las víctimas del amianto al solicitar concurso de acreedores en enero. Coemac -como se llama ahora la empresa- se dijo insolvente para costear todas las indemnizaciones que se le avecinan por las enfermedades y las muertes que ha causado por no evitar durante décadas la dispersión del polvo tóxico de la sustancia, que usó para producir material para la construcción en naves como la que funcionó hasta 1997 entre Cerdanyola y Ripollet o la de Rocalla en Castelldefels. En su último informe financiero, la compañía afirma que reservaba 27,2 millones de euros a finales de 2019 para abonar las condenas que admite probables que la Justicia le imponga. Extrajo 3,1 millones de la hucha para los pagos derivados de los procesos judiciales el año pasado, poco más de una décima parte de las compensaciones que prevé que deberá asumir por los daños a trabajadores, sus familiares y vecinos de las fábricas.
El desembolso no alcanza ni la mitad del importe de las sentencias que Coemac encajó en 2019, cuando la Audiencia de Madrid le infligió el mayor varapalo hasta ahora en España por negligencia con el amianto, al exigirle 3,4 millones de euros por ocho personas que enfermaron en Cerdanyola y Ripollet, todas fallecidas menos una cuando la resolución se conoció. Coemac recurrió, al igual que apeló contra otro fallo en 2017 que le endosó más de dos millones de euros por 39 afectados de ambas localidades, con una única superviviente.
La empresa señala en su informe que los más de 27 millones de euros que provisiona son «para todas aquellas situaciones en las que se estima que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que la de no tener que hacerlo». En 2019, traspasó 6,9 millones al fondo al intuir futuras condenas y abrirse más pleitos.
Coemac declara 4,6 millones de euros en pérdidas el año pasado. En 2018 se dejó 15,6 millones. En contraste, la división de tuberías del grupo, Adequa, generó beneficios por 3,9 millones de euros al elevar las ventas a 68,6 millones, «cifra récord», asegura la compañía, que trata de deshacerse de la filial para generar liquidez. Para los abogados del Col·lectiu Ronda, que han cosechado indemnizaciones que suponen un gasto de 26 millones para Uralita, carece de fundamento pensar que la empresa se disolverá sin pagar lo que la Justicia ha dictado.
Fuente: www.elmundo.es
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