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Nueve de cada diez casos no ven el final de la justicia

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Un joven de 32 años de edad falleció el 2 de julio de 2012, tres meses después de haberle sido diagnosticada una leucemia aguda de alto riesgo. Era trabajador de Arcelor. La causa de la enfermedad, acreditada por sentencia, fue la exposición al benceno en una batería de cok. La multinacional ha tenido que indemnizar a su familia. A.F.G. falleció a los 54 años fruto de un carcinoma microcítico de pulmón. Los tribunales han confirmado que la patología es fruto de su contacto con el amianto en el astillero Izar. La extinta compañía ha indemnizado a sus herederos. José María Aguado murió a los 59 años, seis meses después de quedarse de baja por un problema pulmonar y diagnosticársele un mesotelioma pleural. Era julio de 2001. Había trabajado como carpitero naval toda la vida y había estado en contacto con el amianto. Los tribunales reconocieron su caso siete años después. Son solo tres casos de los 38 por enfermedad laboral derivada del contacto con productos tóxicos que Comisiones Obreras ha llevado a los tribunales en los últimos nueve años. Ahora tiene otros siete más en marcha, en diferentes fases. Detrás de las iniciales, los diagnósticos y las cuantías económicas que perciben los herederos --ya que nueve de cada diez fallecen antes de que haya una resolución firme-- está la esperanza de que se haga justicia, de conseguir proteger a los compañeros y de compensar a la familia por una ausencia que saben inevitable. El sindicato pone los medios a su alcance, técnicos y de los servicios jurídicos, para ayudarles a ellos pero también a todos los que aún están a tiempo, exhibiendo las sentencias ante las empresas para que mejoren sus planes de prevención laboral. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que se diagnostican unos 100.000 cánceres de pulmón al año generados por el contacto con agentes tóxicos en el trabajo. En España, entre los años 1995 y 2030, se calcula que se producirán 150.000 fallecimientos derivados del amianto, un producto que tiene un periodo de latencia de entre 40 y 50 años y cuyo uso se generalizó a partir de los años 70 del siglo pasado. Entre 1995 y el 2010 se le atribuyen 6.037 fallecimientos en España, de los que una quinta parte ha sido en los últimos años, así que no es muy aventurado decir que seguirán aflorando muchos más porque, durante más de dos décadas, entraron en el país millones de toneladas. Algunas fuentes apuntan a que se diagnostican unos 9.000 cánceres laborales al año. Sin embargo, en 2015, las mutuas solo reconocieron 23. Estas son algunas de las cifras que manejan José Antonio Iglesias, secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO, para demostrar que lo que ha aflorado hasta ahora es solo la punta de un iceberg contaminante que mata a miles de trabajadores. "Nadie nos lo va a devolver con vida. Pero queremos que se sepa lo que está pasando, porque tuvo muchos compañeros que pueden estar enfermos y no lo saben. Así que decidimos ser su voz, la voz de las familias". La familia de José María Aguado fue una de las primeras en ganar un caso en Asturias. Su hija, Elena Aguado, explica que decidieron hacerle la autopsia solo para contar con las pruebas suficientes para construir un caso judicial. Sabían que el amianto estaba en sus pulmones por su trabajo como carpintero naval en astilleros, con paneles aislantes, en espacios reducidos, y necesitaban demostrarlo ante un juez. En diciembre del 2000 se quedó de baja por un mesotelioma pleural y en julio, tras una rapidísima evolución, falleció. El proceso, en cambio, duró siete años, duros pero con recompensa. La compañía fue condenada. Hoy en día, los casos se resuelven en una horquilla de unos tres años. Uno de los testigos que entonces ayudó a alzar la voz de José María Aguado también acaba de ganar su caso. Un largo de delicado proceso El departamento de Salud Laboral de CCOO de Asturias está en la cuarta planta de su sede de Oviedo. Allí tienen su despacho José Antonio Iglesias y los técnicos de prevención del departamento que atacan multitud de frentes, uno de ellos las enfermedades laborales por contacto con agentes tóxicos. Ellos son los encargados, junto con toda la estructura sindical, de armar los casos que el servicio jurídico, dirigido por Nuria Fernández, llevará a los tribunales. Tras casi una década de experiencia han afinado todos los protocolos. Cristina Flórez, una de esas técnicos, explica que han elaborado una especie de cuestionario que hacen llegar a los enfermos o a sus familias para que lo lean, lo estudien y empiecen a hacer memoria. Utilizan este sistema para reducir el estrés, para que los primeros pasos puedan darlos en casa, tranquilos, sin la presencia de personas que no conocen. Muchos estuvieron en contacto con el amianto o con el benceno hace dos o tres décadas. Otros ni siquiera son conscientes de que estuvieron expuestos. "Eso pasa mucho con los panaderos, que nos sabían que antes que los aislamientos de los hornos tenían amiento", explica Iglesias. "Ese proceso sirve para que comiencen a visualizar", precisa Flórez. El siguiente paso ya se da de la mano de los especialistas del sindicato. Se recopila toda la información del diagnóstico, se reconstruye la vida laboral de la forma más precisa posible, se contacta con compañeros, con delegados sindicales de la empresa, se buscan denuncias por la presencia de productos tóxicos, informes de salud laboral, actas de reuniones,... "Allí donde hay una buena implantación sindical es más sencillo", comentan ambos. No obstante, hay una dificultad añadida. Trabajan contrarreloj. En nueve de cada diez casos, la sentencia llega cuando el enfermo ya ha fallecido. Algunas familias llegan a grabar a paciente terminales, para que los tribunales puedan escucharlos de viva voz en caso de que el desenlace se precipite, para que los jueces escuchen las palabras exactas. Las pruebas testificales, explican José Antonio Iglesias y Cristina Flórez, son fundamentales porque son la voz del fallecido a través de sus compañeros. Ellos cuentan en qué condiciones trabajaban y ayudan a confirmar la falta de medidas de seguridad. Los peritos médicos sirven para reafirmar el trabajo hecho y la documentación que se presenta. Cada vez que un caso llega al Supremo, lo que ocurre en muchas ocasiones porque las empresas agotan todos los cauces antes de indemnizar, consiguen sentar jurisprudencia. Ese fallo judicial es una ventana más abierta para el siguiente. Pero el proceso empieza por la base. Lo primero es demostrar que esa leucemia o ese cáncer de pulmón son enfermedades profesionales y no una enfermedad común. Esto tiene un sentido doble. En primer lugar, si es una enfermedad laboral los costes de los tratamientos tendrían que correr a cargo de las mutuas y no de la Seguridad Social, con dinero de todos. También por los derechos socioeconómicos que se derivan. Una vez conseguido este paso, llega la hora de denunciar la responsabilidad de las empresas y de reclamar la indemnización. Existen muchas lagunas aún. Iglesias explica que el catálogo de enfermedades profesionales es muy raquítico y que resulta casi imposible ampliarlo. También comenta que el baremo para calcular las indemnizaciones es el de tráfico, porque no existe uno específico. La experiencia adquirida en los últimos nueve años ha servido para afinar los casos que presentan en los tribunales. Algunos quedan en el camino. Son aquellos que no se sostienen por falta de pruebas, de testigos,... Pero las empresas también han aprendido. Su principal estrategia consiste en intentar diluir su responsabilidad entre nicotina. Esto es, investigar el pasado de los trabajadores y comprobar si han fumado para tratar de buscar otros agentes responsables de los cánceres y así reducir la responsabilidad directa que puede tener el contacto con un producto tóxico en el trabajo. Es habitual que recurran las sentencias en primera instancia y también las del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). Al sindicato no le preocupa llegar hasta el Supremo porque sus resoluciones sientan jurisprudencia. El único problema es que a los reclamantes no les sobra el tiempo. "En realidad es una cuestión de imagen más que por el dinero. Muchas son grandes empresas y las indemnizaciones para ellos no representan nada. Pero la publicidad que se da las sentencias les hace daño", explica Cristina Flórez. José Antonio Iglesias profundiza en esta idea: "Además de la imagen es el precedente que se sienta. Si es una sentencia favorable al trabajador, está abriendo la puerta a todos los compañeros que compartieron sus mismas condiciones y también pueden estar enfermos". Para el sindicato no es solo justicia. Es también prevención. E incluso mejorar la vigilancia de la salud postocupacional, que es la que se realiza una vez jubilado cuando se han ocupado puestos de riesgo. "No es al primer testigo de un juicio al que mandamos a Silicosis desde aquí", explicar Flórez. Elena Aguado, la hija de José María Aguado, aplaude que Armando, aquel testigo que ayudó a abrir camino con el caso de su padre, sea uno de los últimos que también ha conseguido justicia. Fuente: www.asturias24.es http://www.asturias24.es/secciones/economia/noticias/enfermedad-profesional-cuando-la-justicia-queda-como-herencia/1460130442

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