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LO PEOR ESTA POR LLEGAR

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Víctimas y familiares aguardan "escépticos" la aprobación por parte del Parlamento vasco de un Fondo de Compensación que indemnice a los afectados por el amianto EN la guerra del amianto en Euskadi los triunfos se cuentan con los dedos de una mano, que no es poco. A pesar de existir censados por Osalan casi 4.000 trabajadores expuestos a este cáncer letal, los triunfos ante la Justicia apenas llegan a una decena cuando se abordan en Álava. El último de ellos se produjo hace unas semanas, el 19 de julio, cuando el Juzgado de lo Social número 2 de la capital alavesa condenó a la compañía Tubos Reunidos, ubicada en Amurrio, a pagar un 30% de recargo de prestaciones a un extrabajador enfermo de cáncer -carcinoma de pulmón, concretamente- debido a la "falta" de medidas preventivas que la empresa aplicó en su puesto de trabajo como refractista, que el operario ejerció durante más de veinte años. Según la sentencia, el triunfo que impulsó la Asociación de Víctimas del Amianto en Euskadi (Asviamie) supondrá para el obrero C.L.L.G. un incremento de unos 300 euros al mes en su pensión. A pesar de la cuantía y el renombre de la compañía, este tipo de decisiones judiciales "lamentablemente" no son tan habituales, sostiene la abogada de la asociación, la alavesa Nuria Busto, hija además de otro obrero fallecido en Vitoria precisamente a causa del mesotelioma pleural. Así y todo, existen nombres y sentencias sobre la mesa como las que la letrada aporta y que afectan a firmas como Michelin, Aceros de Llodio, Forjas Alavesas o la tubera de Amurrio anteriormente descrita. En el caso de la multinacional francesa, el varapalo judicial también le habría condenado a aumentar el recargo de las pensiones de los trabajadores afectados, al igual que en Aceros de Llodio, mientras que en el caso de Forjas el auto habría obligado a pagar daños y perjuicios a la víctima. Batallas ganadas, abunda la abogada, dentro de una guerra que amenaza con cobrarse la vida de miles de trabajadores vascos que en los años 60 y 70 estuvieron expuestos al amianto sin saberlo. Bien porque lo manejaron directamente como materia prima en su actividad laboral o bien porque su puesto de trabajo formaba parte de un entorno donde habría presencia del también llamado asbesto. En cualquier caso, se trata de un problema global, como advierte el diagnóstico de la Organización Mundial del Trabajo, que cifra en 100.000 las personas que cada año fallecen en todo el mundo como consecuencia de su exposición al amianto. En España se calcula, según diversos estudios epidemiológicos de la Unión Europea, que se producirán entre los años 2010 y 2025 una cifra de muertes que oscilará entre las 40.000 y las 56.000. Un mal latente que exigiría a las administraciones públicas cuando menos un plan de acción encaminado a prevenir los efectos de este devastador cáncer, que de momento continúa sin aparecer. Así que a la espera de que eso ocurra, desde la Asociación de Víctimas del Amianto en Euskadi se incide en la prevención, tanto en el caso de los trabajadores en activo, a los que anima a controlar los riesgos de las sustancias que manipulan, como a quienes estuvieron en contacto con el amianto en décadas pasadas, a los que conmina a solicitar "de inmediato" su inclusión en el Plan de Vigilancia Sanitaria Post Ocupacional para posibilitar la detección precoz de la enfermedad. Una petición de 1980 En este contexto, la derivada política también debería cobrar un papel determinante en este asunto, en la medida que son ya muchos los años en los que los afectados por los daños derivados del amianto han solicitado al Gobierno Vasco que impulse un Fondo de Compensación de Víctimas similar al que ya existe en Francia. Un fondo que a pesar de las buenas palabras de todos los grupos y a pesar de haberse puesto a ello a través de una comisión específica sigue sin llegar para la "incredulidad" del colectivo de víctimas, que viene reclamándolo desde los años 80 como forma de indemnización a afectados y familiares, así como para aplicar coeficientes reductores que hagan que los empleados expuestos una jubilación anticipada. "Hace ya tiempo que no tenemos noticias y eso está generando desilusión, pero siempre hemos tenido claro en esta asociación que nadie nos va a regalar nunca nada, así que continuaremos presionando donde haga falta y socializando un problema que afecta a tanta gente", sostiene la letrada Busto. Desde el propio Parlamento, la perspectiva no es tan negativa. Insisten fuentes cercanas al grupo socialista, uno de los impulsores de la Ponencia del Amianto, que el proceso sigue su curso y que probablemente en septiembre u octubre los diferentes grupos estarán en disposición de presentar las claves jurídicas y económicas para articular el citado Fondo de Compensación. Una tarea de gran "complejidad" cuyas conclusiones deberían venir acompañadas de un análisis de contenidos, fines y responsabilidades de ese posible fondo. Conciencia social. Para expertos como Ángel Cárcoba, sin embargo, la creación de esta suerte de caja de resistencia no exige más demoras, ya que la epidemia que sigue provocando este mineral podría superar las 25.000 víctimas en Euskadi en los próximos años. Entiende este experto en salud laboral que en su día ya dirigió la comisión europea sobre amianto, que la creación de un instituto vasco que encuentre soluciones resulta "innegociable", del mismo modo que entiende obligatorio un registro de empresas y edificios que contengan amianto "para evitar más daños". Según su teoría, lo peor de esta enfermedad está por llegar, dado que entre la exposición y la aparición de la enfermedad transcurre un periodo de latencia de entre 15 y 30 años. "El pico de mayor exposición al amianto en el Estado fue entre 1975 y 1990, lo que significa que el pico de mayor mortalidad se va a dar entre 2020 y 2030", apunta el experto. A su dramático diagnóstico se une otro elemento devastador como es la "nula" respuesta pública a un mal tan acuciante, traducida por ejemplo en la ausencia de inversiones para investigar las enfermedades producidas y derivadas del amianto o en la ausencia de un inventario oficial para saber dónde sigue acechando el amianto. "La propia Seguridad Social es la primera en recurrir las sentencias que reconocen bajas por amianto y esto no es de recibo. Si hay víctimas hay culpables, y desde 1955 se sabe que el amianto produce enfermedades mortales, de modo que el Estado es responsable de lo que pasa ahora por no tomar medidas para evitar su uso y debe hacerse cargo junto con la empresa contaminada para reparar a las víctimas de alguna forma", añade Cárcoba . Reparaciones como la que aún hoy continúan celebrando en Asviamie tras el fallo de la alavesa Tubos Reunidos, que viene a mostrar que la adopción de medidas preventivas por las empresas y mutuas décadas atrás frente a las sustancias cancerígenas hubiera sido más rentable para todos, especialmente para las víctimas. Gracias a las demandas presentadas por este colectivo, el sufrimiento físico y psicológico derivado de este cáncer está siendo reconocido por la Justicia en las cada vez más numerosas sentencias que certifican la responsabilidad directa de las empresas en los casos de enfermedad profesional por asbesto y que están imponiendo a las compañías el pago de importantes cantidades de dinero en concepto de indemnizaciones. "Los jueces están ampliando el abanico de supuestos en los que se considera que una empresa no ha cumplido con los requisitos exigidos de seguridad y eso es bueno; ojalá también las empresas se alineasen con las víctimas para presionar a la administración en beneficio de todos los damnificados", concluye su portavoz y abogada. Afectados invisibles como los extrabajadores de la antigua Sidenor, expuestos durante años a la amenaza del amianto y hoy injustificablemente al margen de una posible indemnización por negligencia tras ser vendida en su día la histórica compañía al grupo brasileño Gerdau. Víctimas cada vez menos silenciosas ante una amenaza latente. http://www.noticiasdealava.com/2013/07/28/sociedad/una-amenaza-latente

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