"Es un acontecimiento importante pero el Real Decreto aprobado no alcanza a todas las víctimas", es el lamento de Jon García, portavoz de FEDAVICA, la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto. En enero de 2023 tendría que haber estado listo un reglamento para poner en marcha el Fondo de Compensación que por ley busca resarcir a las víctimas del amianto. Ese reglamento se aprobó en junio y este jueves entra en vigor.
Nadie se atreve a dar una cifra exacta sobre el número de beneficiarios que tendrían derecho de este Fondo. "Es difícil saber a cuántas personas va a llegar esto, tienen que tener una incapacidad permanente y estar vivas", señala García. Unos requisitos que dejan fuera a "convivientes que se contagiaron por efecto de la vida doméstica como lavar un buzo", añade Unai Sordo, secretario general de CCOO. Estos enfermos tendrán que esperar porque su compensación está sujeta, al menos de momento, al montante de 25 millones de euros presupuestados en 2023 y los primeros en acceder a él serán quienes ya tiene reconocida una incapacidad permanente por exposición al amianto.
Las cuantías de las compensaciones del baremo aparecen en el anexo I del Real Decreto y pueden alcanzar los 96.621,24 euros para los afectados por mesotelioma. En el caso de cáncer de pulmón son 64.414,26 euros y en el de laringe 48.310,62 euros. Unas cantidades que se abonarán en un pago único y que están muy alejadas de las que se consiguen por vía judicial, que según García pueden llegar a triplicarse.
El líder de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido al Gobierno que dejen de ser "rácanos" y que "utilicen los impuestos que se pagan para resarcir a personas que no conocían el peligro de los materiales" con los que trabajaban. Las dos organizaciones sindicales y también las asociaciones de víctimas van a pedir al Ejecutivo que rehaga el Reglamento y que cuente con ellos para que se ajuste a las necesidades reales de los afectados.
De momento, solo podrán beneficiarse de este Fondo aquellas quienes hayan obtenido el reconocimiento administrativo o judicial firme de una pensión de Incapacidad Permanente. Deberán solicitar un certificado de patologías derivadas de la exposición al amianto conforme al anexo II del Real Decreto, que se presentará en la Consejería de Sanidad u órgano análogo de la correspondiente Comunidad Autónoma. Una vez se emita el certificado de patologías elaborado por el equipo de valoración elegido por cada autonomía, la compensación económica deberá realizarse en el INSS, a través de un formulario disponible en la web del Ministerio de Seguridad Social.
Euskadi ya ha comunicado que las víctimas podrán iniciar este trámite desde hoy mismo, pero desde las asociaciones temen que algunas autonomías se tomen demasiado tiempo para poner en marcha este procedimiento.
Fuente: www.cadenaser.com
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