El próximo jueves 25 de septiembre, el Juzgado Social número 4 de Barcelona acogerá un nuevo capítulo del largo litigio por el amianto en el metro de la capital catalana. La familia del primer extrabajador fallecido en 2019 por un mesotelioma pleural, un cáncer agresivo vinculadoa la exposición a fibras de asbesto, reclama a Ferrocarril Metropolità de Barcelona (TMB) una indemnización de 186.725,57 euros por daños y perjuicios.
El proceso se produce después de que una sentencia pionera, dictada en 2021 por el Juzgado Social número 8 de Barcelona y confirmada más tarde por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, reconociera el origen laboral de la enfermedad. Aquella resolución supuso la primera vez que un tribunal vinculaba la muerte de un empleado del metro directamente con la presencia de amianto en las instalaciones de la red. El fallo concluyó que la dolencia tuvo como causa “con casi absoluta certeza” el contacto prolongado con el mineral cancerígeno durante más de 20 años de servicio en la empresa pública.
El trabajador comenzó en enero de 1988 como auxiliar técnico en instalaciones eléctricas y, desde 1989 hasta 2008, se desempeñó como especialista en mantenimiento de sistemas de señalización, telecontrol y comunicaciones. Su labor le obligaba a permanecer en talleres, túneles y vagones, en contacto directo con equipos eléctricos y mecánicos que contenían amianto.
Un informe de Inspección de Trabajo incorporado al proceso constató que TMB había reconocido la presencia del material en convoyes e infraestructuras desde finales de los años ochenta. En motores, frenos y aislamientos eléctricos se hallaron restos de asbesto que, al degradarse, liberaban fibras microscópicas al aire. Una evaluación higiénica realizada en 1990 ya había detectado contaminación por polvo de amianto en el ambiente de los túneles.
A pesar de ello, la empresa no adoptó medidas de prevención ni vigilancia de la salud proporcionales al riesgo. El demandante careció de equipos de protección adecuados y nunca fue sometido a un protocolo médico que pudiera detectar de manera precoz la enfermedad que, tres décadas más tarde, acabaría con su vida, según explican desde el Col·lectiu Ronda.
La reclamación de la familia se sustenta en los “incumplimientos graves” de metro de Barcelona en materia de prevención de riesgos. La demanda recuerda que existía ya en aquellos años evidencia científica y médica suficiente sobre la toxicidad del amianto. Sin embargo, la dirección de la compañía no informó debidamente a la plantilla, ni estableció controles efectivos, ni habilitó sistemas de protección individual o colectiva. El escrito sostiene que la omisión de medidas de seguridad mantiene una relación de causalidad directa con la defunción. La familia del extrabajador exige así una compensación económica, además de intereses legales, por el sufrimiento causado por la pérdida.
El abogado de la familia, Àlex Tisminetzky, miembro del Col·lectiu Ronda, subraya que la demanda persigue tanto el resarcimiento a los allegados como la asunción de responsabilidades por parte de TMB. “Este procedimiento busca evidenciar, una vez más, la responsabilidad de metro de Barcelona sobre la exposición de su plantilla al amianto”, sostiene.
Según el letrado, la empresa ha negado de forma reiterada su responsabilidad en las patologías derivadas del contacto con el asbesto, a pesar de haber admitido la presencia del material solo cuando la evidencia resultaba incontestable. “Durante décadas se ignoró la peligrosidad del amianto, impidiendo que se adoptaran medidas que habrían minimizado el riesgo para los trabajadores y evitado casos tan desgraciados como este”, lamenta.
Tisminetzky recuerda que, más de 20 años después de que la Unión Europea prohibiera el uso del mineral, “seguimos celebrando juicios propios de tiempos oscuros contra empresas que conocían el riesgo del amianto, pero prefirieron mirar hacia otro lado para no afrontar el coste económico de proteger a sus plantillas”.
El caso no es aislado. En los últimos años, varios procedimientos judiciales han puesto en cuestión la gestión del amianto por parte de TMB, que desde 2018 ha admitido de forma pública la existencia de este material en trenes, estaciones y túneles. La retirada y control del asbesto en el suburbano barcelonés sigue siendo objeto de polémica sindical y política, y ha motivado denuncias de trabajadores enfermos y familiares de fallecidos.
El juicio del jueves será una nueva prueba de fuego para la compañía, señalada por ocultar durante décadas la presencia del mineral y no proteger debidamente a quienes trabajaban a diario entre sus fibras invisibles. Para la familia del empleado muerto en 2019, se trata de una batalla legal y moral: obtener justicia y reparación por una vida rota al servicio del metro de Barcelona.
Fuente: www.elperiodico.com
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