Hacienda desvincula la dimisión de dos cargos de Aduanas de las denuncias de que hay amianto en los buques que luchan contra el narco

El Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) ha anunciado cambios en su cúpula tras la salida simultánea de dos de sus directivos de más antigüedad en este departamento, dependiente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), y que atribuye a “dimisiones voluntarias” para ocupar otros puestos de responsabilidad en Aduanas, según confirmaron a EL PAIS fuentes de Hacienda. “Ambos habían planteado hace tiempo que tenían otras expectativas dentro de la casa”, zanjaron.

La salida de Ángel Delgado Bernaldo de Quirós de la dirección adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA), tras más de dos décadas en el cargo, y la de Manuel Montesinos Díez de Lastra, como subdirector general de operaciones desde hace 12 años, se hizo pública este lunes, envuelta en la polémica. Las dimisiones se produjeron días después de conocerse una nueva denuncia de las que ha encadenado UGT en el último año, aunque Aduanas las ha desvinculado de la presión que ha venido ejerciendo la organización sindical.

Aunque la AEAT no ha precisado cuáles serán los nuevos destinos de Delgado y Montesinos, se baraja que el primero siga desempeñando puestos de responsabilidad en Aduanas, y el segundo podría ser el futuro enlace entre el Servicio de Vigilancia Aduanera y la Fiscalía, un puesto que todavía no se ha creado.

UGT ha puesto en duda la gestión de la DAVA en la adjudicación de contratos con empresas proveedoras de embarcaciones y vestuario porque, dice, pone en riesgo la seguridad y salud del personal de SVA. El sindicato lleva tiempo exigiendo explicaciones a la AEAT y a la DAVA por las adjudicaciones al astillero gallego Rodman Polyships, el fabricante de referencia del SVA, pese a que embarcaciones como la patrullera Cóndor, una de las más modernas de la flota de Aduanas que ha costado 8 millones de euros, ha tenido graves problemas estructurales desde su botadura en 2021 y sigue sometida a reparaciones.

Además del capítulo de los contratos, la organización sindical comenzó una cruzada por el amianto detectado en al menos seis embarcaciones de Aduanas, entre ellas el Petrel I, buque insignia de operaciones especiales de 50 años de antigüedad. Por este motivo cinco de estas lanchas han acabado en el desguace. UGT ha denunciado judicialmente el caso al considerar que la retirada del potencial tóxico que se llevó a cabo en mayo pasado fue superficial. Considera que se incumple la normativa de prevención y es insuficiente para garantizar la seguridad del personal de a bordo.

La Agencia Tributaria esgrime que el Petrel se sometió a una inspección por parte de una empresa especializada que está haciendo un seguimiento estructural del buque. “Estamos tranquilos porque es un equipo técnico el que está actuando“, han afirmado fuentes del organismo del Gobierno. Respecto a la prevención y salud de los trabajadores, la AEAT ha anunciado que está ultimando un informe donde se recoge el historial completo de las tripulaciones para valorar los riesgos sanitarios del personal que ha estado expuesto al amianto.

UGT, sin embargo, mantiene que la puesta en servicio del buque no garantiza la ausencia de amianto en el resto de la estructura y ha llevado el asunto a los juzgados. La denuncia presentada en agosto en un juzgado de Vigo por la vía penal ha sido desestimada provisionalmente porque no se han encontrado “indicios sólidos sobre la presencia de material potencialmente peligroso” en el Petrel, señala el auto, por lo que el sindicato ha recurrido al juzgado de lo social.

La Agencia Tributaria niega que haya riesgo para los trabajadores. Alude al resultado del informe de evaluación ambiental efectuado durante el desamiantado y también a que la reforma realizada en el Petrel en 2023 rebajó las posibilidades de exposición del personal de servicio al evitar un posible contacto con el material potencialmente tóxico. Una respuesta que UGT considera insuficiente. La central insiste en que “el volumen de residuos retirados en el desamiantado parcial realizado en 2025 —ocho sacos de grandes dimensiones— no guarda relación con los escasos materiales declarados oficialmente” tras la inspección. “Todo apunta”, según el sindicato, “a una ocultación deliberada de información técnica y a un intento de minimizar la magnitud del riesgo”.

Fuente: www.elpais.com

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