Se llamaba uralita, y fue el gran éxito constructivo del siglo pasado para poner tejados baratos, ligeros y sin apenas instalación. Era el nombre comercial de la empresa que durante casi cien años lo fabricó en España, Uralita S.A., porque en realidad el producto eran placas de fibrocemento con amianto. Durante las décadas de 1960 a 1995, Uralita dominó el mercado español, llegando a controlar más del 40% de la actividad con amianto en el país. Hasta que en 2002 se prohibió en toda Europa: es un peligroso producto cancerígeno.
La legislación actual (Ley 7/2022, RD 396/2006) obliga a los ayuntamientos a censar y planificar la eliminación de los tejados y otras estructuras hechas con amianto, priorizando instalaciones públicas de mayor riesgo antes de 2028. El objetivo europeo es eliminarlo completamente antes de 2033. Pero no es fácil.
A pesar de la normativa, por todas partes, en pueblos y ciudades, siguen abundando esos tejados ondulados. Pero no se pueden quitar y tirar o llevar al vertedero como si fueran simples escombros de construcción. El amianto presenta un riesgo cancerígeno grave si sus fibras se liberan al aire por deterioro, manipulación o rotura, por lo que su retirada debe hacerse siguiendo protocolos muy estrictos y solo puede ser realizado por empresas autorizadas.
No se sabe. Se estima que hay más de 15 millones de metros cuadrados de cubiertas de fibrocemento con amianto instaladas en naves industriales, y cantidades similares en edificios residenciales.
Otros cálculos estiman que los productos manufacturados con amianto en España superan los 20 millones de toneladas, la mayor parte en tejados, bajantes, tuberías y depósitos de agua. Más del 54% de las cubiertas con amianto estarían localizados en edificaciones residenciales.
Según datos de la compañía tecnológica Cotesa, del Grupo Tecopy, ya se han localizado más de 110.000 cubiertas con amianto en municipios de todo el país. El hallazgo ha sido posible gracias a un sistema de detección por satélite que combina imágenes aéreas multiespectrales y modelos de inteligencia artificial, una herramienta pionera que permite identificar automáticamente estos materiales con una precisión superior al 90 %.
En Cataluña, el Gobierno autonómico ha identificado más de 122.000 tejados contaminados que ocupan cerca de 40 kilómetros cuadrados. En ciudades como Valladolid o Avilés, los censos municipales confirman que alrededor de un tercio de las edificaciones anteriores al año 2000 conservan cubiertas con este material.
La tecnología, sin embargo, es solo la primera parte del trabajo. Saber dónde están los tejados contaminantes no basta. Lo verdaderamente difícil será retirarlos de forma segura antes de 2033, el año en que la Unión Europea ha fijado la eliminación completa del amianto en todo su territorio.
Durante los años sesenta y setenta, el amianto se convirtió en uno de los materiales estrella de la construcción española. Su bajo coste, su resistencia y su capacidad aislante lo hicieron omnipresente en tejados, bajantes, depósitos de agua, hornos, garajes o conducciones eléctricas. Nadie imaginaba entonces que esas fibras milagrosas acabarían convirtiéndose en una de las mayores amenazas sanitarias del siglo XXI.
El amianto está formado por seis minerales fibrosos que, al deteriorarse, liberan al aire partículas microscópicas. Cuando se inhalan, pueden provocar graves enfermedades respiratorias.
La Organización Mundial de la Salud lo considera un cancerígeno probado y estima que cada año provoca entre 20.000 y 30.000 muertes en Europa. En España, la exposición se ha relacionado con enfermedades como el cáncer de pulmón, la asbestosis o el mesotelioma pleural, una dolencia incurable con un largo periodo de latencia, pues puede manifestarse hasta medio siglo después del contacto con el material.
El amianto es altamente cancerígeno solo si sus fibras son liberadas y respiradas. Un tejado en buen estado, sin grandes daños, encierra el riesgo, pero no lo libera. El riesgo real aparece con el tiempo, al deteriorarse por el sol, la lluvia o el viento, o al manipularlas durante reformas y derribos. Entonces, las fibras se liberan al aire y pueden ser inhaladas tanto por los trabajadores como por los vecinos.
Para afrontar esta amenaza, la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular obliga a los ayuntamientos españoles a elaborar un censo del amianto y planificar su retirada progresiva. Las administraciones locales deben identificar todos los edificios que contengan este material, priorizando los centros educativos, sanitarios o de gran afluencia de personas.
El reto es titánico. Miles de municipios carecen de medios técnicos o económicos para realizar ese inventario. Por eso, soluciones como la basada en la observación satelital y el aprendizaje automático pueden acelerar el proceso. En Alicante, la Diputación ha encargado la elaboración del censo provincial, como ya se ha hecho en Madrid, Asturias, Bilbao, Salamanca o Vila-real. Los datos obtenidos permitirán establecer calendarios de retirada y clasificar los edificios según su riesgo potencial.
Retirar el amianto no es tan simple como desmontar un tejado. Cada intervención requiere un plan de trabajo aprobado por la autoridad laboral, personal especializado, equipos de protección, confinamiento del área y transporte de los residuos a vertederos autorizados. Es un proceso lento, costoso y peligroso si no se realiza bajo control.
Las asociaciones de afectados y expertos en salud pública insisten en que España debe dotarse de un plan nacional de erradicación con financiación suficiente y criterios comunes. En la actualidad, la retirada depende en gran medida de la iniciativa municipal o de los propietarios particulares, lo que genera desigualdades. En comunidades vecinales o pequeñas empresas, el coste de desmontar y sustituir una cubierta puede superar varios miles de euros, una barrera que retrasa la eliminación del material.
A todo ello se suma el desconocimiento. Según un estudio reciente, el 60 % de los españoles no sabe si su vivienda o lugar de trabajo contiene amianto, aunque la mayoría ha oído hablar de sus riesgos. La paradoja es que el material está mucho más cerca de lo que parece, en tejados, depósitos de agua, canalizaciones o en los garajes de edificios antiguos. La exposición ambiental, aunque menor que la laboral, sigue siendo motivo de preocupación, sobre todo en zonas donde las cubiertas están degradadas o se manipulan sin medidas de seguridad.
Los expertos recomiendan no tocar ni limpiar por cuenta propia las placas sospechosas. Ante cualquier duda, debe consultarse a una empresa inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA), que pueda evaluar su estado y, si es necesario, planificar la retirada. Un horizonte europeo
La Comisión Europea ha marcado el año 2032 como fecha límite para eliminar el amianto de todos los edificios públicos y privados de la Unión Europea. España ha asumido ese compromiso, aunque los plazos internos contemplan que las instalaciones más peligrosas —como escuelas o hospitales— estén libres de amianto antes de 2028.
Algunas regiones avanzan más deprisa que otras. En el País Vasco o Cataluña se han desarrollado mapas detallados y programas de sustitución, mientras que en buena parte del territorio el proceso apenas ha comenzado. La brecha entre comunidades refleja las dificultades de un problema estructural que requiere coordinación y voluntad política a largo plazo.
El amianto no solo amenaza la salud humana. Sus residuos también suponen un riesgo ambiental, pues no se degradan y pueden contaminar el suelo o las aguas subterráneas si no se gestionan adecuadamente. Los vertederos especializados son limitados y su capacidad empieza a ser insuficiente ante la avalancha de materiales que se espera retirar en los próximos años.
La erradicación total del amianto será una carrera de fondo. Las herramientas digitales, como la detección por satélite y la inteligencia artificial, ayudan a conocer la dimensión del problema, pero la solución dependerá de la acción coordinada de administraciones, empresas y ciudadanos.
Más de dos décadas después de su prohibición, el amianto sigue presente en la vida cotidiana de millones de españoles. Los tejados grises de uralita que marcaron la estética industrial del siglo pasado se han convertido en una amenaza silenciosa.
Identificarlos ha sido un primer paso. Lo que queda ahora es lo más difícil, retirarlos uno por uno, con seguridad y responsabilidad, antes de que la cuenta atrás hacia 2033 nos alcance.
Fuente: www.20minutos.es
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