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Una inspección detectó riesgo por amianto en octubre en la refinería de Escombreras

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Cuando los inspectores de Trabajo, enviados por sorpresa tras las sospechas de la Fiscalía, recorrieron las instalaciones de la refinería de Escombreras hace cuatro meses, pudieron «comprobar que seguía existiendo amianto en las instalaciones de Repsol Petróleo SA, especialmente en tubos de conexión y zonas más altas». El hallazgo de este material potencialmente cancerígeno, y del consiguiente riesgo para la salud de los trabajadores de la factoría cartagenera, fue definitivo para que el fiscal Antonio Vivo ampliara y ultimara una denuncia contra la multinacional por tres presuntos delitos: contra los derechos de los trabajadores, de lesiones por imprudencia grave y de homicidio por imprudencia grave.

La resolución por la que el Ministerio Fiscal pide a los juzgados de Cartagena la apertura de diligencias de investigación, a las que ha accedido 'La Verdad', vincula las dos primeras infracciones penales con la presencia reciente del «agente nocivo» en la planta -para cuyo desamiantado Repsol subcontrató a dos mercantiles en 2018- y con la enfermedad profesional desarrollada por cuatro antiguos empleados de la factoría, todos ellos hombres.

Estas personas tuvieron relación laboral con la compañía Repsol en distintos periodos, entre los años 1962 y 2003. Dos de estos trabajadores pertenecían al área de mantenimiento, como analista en el laboratorio de control y técnico ayudante en el centro de investigación y como electricista en el taller eléctrico, respectivamente; un tercero estaba encuadrado en el departamento de producción, como operador de área de energías; y un cuarto estaba en la sección de mezclas y envasado, como operador de área.

Incapacidad permanente

En cuanto a los indicios de homicidio por imprudencia, se refieren al fallecimiento en el año 2011 de un trabajador que ejerció como calderero y ayudante técnico, en el área de mantenimiento, desde 1962 a 2008.

Los cinco afectados vieron reconocida la incapacidad permanente total, «derivada de la enfermedad profesional vinculada a la exposición al amianto». El origen fue haber respirado el polvo de amianto, cuyas fibras microscópicas se alojan en los pulmones y el resto de las vías respiratorias y pueden provocar patologías décadas después.

En dos casos, entre ellos el del operario fallecido, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) aceptó un recargo de prestaciones del 30% por la «falta de medidas de seguridad por parte de la empresa». Esta fue la «causa directa» de la enfermedad.

Con todo, advierte el fiscal, «muchos otros» trabajadores «estuvieron igualmente expuestos al riesgo de trabajar con presencia de fibras de amianto». Son personas que «pudiendo haber desarrollado patologías que, dado el amplio período de latencia que algunas tienen, pueden no haber sido vinculadas al desarrollo del trabajo con dicha exposición».

La Asociación de Afectados y Perjudicados por Enfermedades Producidas por el Amianto (Apena), que denunció los hechos en enero de 2018, calcula que hay cientos de exempleados y empleados, de la plantilla de Repsol y de empresas auxiliares, potencialmente afectados. El año pasado, la Consejería de Salud reconoció que había 3.133 trabajadores afectados por asbestosis en la Región, 893 de ellos expuestos y 2.240 postexpuestos. En 2016 eran 2.442 afectados, de los cuales 400 ya habían muerto.

Por ahora, en lo relativo a Repsol, el fiscal afirma que «numerosos trabajadores de esta empresa también desarrollaron enfermedades relacionadas con el amianto». Recuerda que en febrero de 1973, la petrolera cedió toda su plantilla de la planta de fertilizantes a la Empresa Nacional de Fertilizantes (Enfersa).

El fiscal explica que en Escombreras había tuberías con aislante de amianto, un «agente nocivo», y que en las reparaciones «se liberaba polvo de asbesto, que era inhalado por los operarios». Estos trabajos, agrega, implicaban a «equipos de trabajadores de la propia empresa, integrados por tuberos, soldadores y ayudantes, que en ocasiones trabajaban en lugares cerrados y cortaban las tuberías, provocando que el polvo de amianto flotase en el aire y cayese al suelo».

Ni medición ni trajes

La denuncia añade que no hubo «medidas de seguridad adecuadas por parte de las personas responsables de la empresa», un «grave incumplimiento de la normativa aplicable» que dejó a los obreros a merced de «un grave riesgo para la vida y la salud».

Según los datos recabados, los responsables -aún por identificar- no ordenaron mediciones de la concentración de amianto en el ambiente y en gases inflamables, ni dieron trajes protectores adecuados. Los trabajadores tampoco recibieron formación específica, pese a ser un «elemento esencial» de prevención, uso de equipos y comunicación de situaciones de peligro. Tampoco tuvieron lugar reconocimientos médicos específicos, como marca la normativa especial de vigilancia de salud laboral.

Fuente: www.laverdad.es

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