Las víctimas del amianto, al límite: “Van a fallecer sin ver cómo se les compensa por el daño sufrido”

El amianto es un material altamente mortal. Durante décadas estuvo presente en fábricas, trenes, talleres, barcos y tuberías. Pero también se quedó en los pulmones de miles de trabajadores y, con el paso de los años, en la vida de sus familias. España prohibió su uso en 2002, cuando los estudios científicos demostraron el devastador impacto del asbesto sobre la salud. Sin embargo, el paso del tiempo no ha borrado sus consecuencias. Cada año afloran nuevos diagnósticos entre quienes estuvieron expuestos a este mortífero polvo décadas atrás.

Con el fin de ayudar a las víctimas, el Gobierno dio luz verde hace casi un año al Real Decreto 483/2025, que desarrolla el fondo de compensación para las víctimas del amianto. La norma contempla pagos que oscilan entre los 32.000 y los 96.000 euros para quienes padecen mesotelioma, uno de los cánceres más vinculados a la exposición al amianto.

No obstante, sindicatos y asociaciones llevan meses reclamando cambios porque consideran que, en la práctica, este decreto no está funcionando. Denuncian que el reglamento es demasiado restrictivo y deja fuera a numerosas víctimas del amianto: familiares de trabajadores fallecidos, enfermos que no han logrado que su patología sea reconocida como enfermedad profesional o personas que desarrollaron graves dolencias tras convivir durante años con trabajadores expuestos al asbesto.

El objetivo de estas entidades es, en síntesis, que las compensaciones económicas sean más elevadas y se corrijan algunas limitaciones que, a su juicio, dejan fuera a muchos afectados. “Las víctimas del amianto están siendo maltratadas y ninguneadas”, denuncia Patricia Ruiz, secretaria de salud laboral de UGT. “Son personas y familias con situaciones muy complicadas que merecen una reparación justa sin más demoras y se las está tratando como víctimas de segunda”, añade.

La respuesta del Ejecutivo ha sido clara: hay que esperar a que se apruebe la Ley de Presupuestos Generales del Estado, una opción que los sindicatos consideran poco realista en el contexto actual. “La decisión de posponer las modificaciones indica que el Gobierno no tiene intención de solucionar los problemas porque es plenamente consciente de que esa ley hoy en día no tiene probabilidad de ser aprobada”, afirma Mariano Sanz, secretario confederal de salud laboral y medio ambiente de CCOO. Los afectados no pueden esperar más. “Una parte de esas víctimas van a fallecer sin poder ver cómo se les compensa por el daño sufrido”, subraya.

El fondo no despega

Las cifras reflejan que el decreto es una barrera. El fondo ha recibido 354 solicitudes, según los datos del Gobierno. Hasta ahora se han aprobado 91 indemnizaciones, mientras que cerca de 180 peticiones han sido rechazadas. Todo ello ocurre, además, con una partida de 25 millones de euros ya prevista para el fondo, de la que solo se han ejecutado cinco. “Ni sumando los expedientes denegados ha habido una avalancha de solicitudes inasumible”, denuncia Sanz.

Los afectados también quedan atrapados en un limbo judicial. Hay víctimas que ya han logrado que un juez les reconozca una indemnización, pero no pueden cobrarla porque la empresa ha desaparecido. Han ganado en los tribunales, pero no pueden ingresar la indemnización. El decreto tampoco les permite acceder al fondo de compensación. “No debe olvidarse que el espíritu de la ley era precisamente paliar el desamparo en el que se encuentra una víctima después de llevar años luchando judicialmente por sus derechos”, señala Andrea Peiró, socia de Opamianto. “Y cuando por fin se le reconocen, ven cómo caen en saco roto porque la empresa ha desaparecido o es insolvente”, lamenta.

En la práctica, esto significa que el decreto deja fuera a un amplio grupo de afectados que, a la postre, tienen derecho a ser indemnizados. “Al único grupo que la ley permite, por lo menos durante este año, es el de quienes tienen una incapacidad permanente reconocida por una enfermedad derivada del amianto”, explica Jon García, portavoz de Fedavica. El resto, agrega, queda completamente desprotegido. “Las víctimas se van a quedar automáticamente sin derecho a nada”, dice. Incluso, apunta el experto, este reglamento “podría ser hasta ilegal”, ya que fue creado para compensar a todas las víctimas, algo que, por el momento, no está cumpliendo.

Entre los casos que siguen fuera del fondo figuran algunas asbestosis sin restricción respiratoria y ciertas afecciones fibrosantes de la pleura y el pericardio con secuelas respiratorias o cardíacas. Las asociaciones reclaman que estos casos se incluyan en el fondo. Recuerdan, además, que el Gobierno llegó a aceptar en su día esa ampliación, pero que ese compromiso sigue sin cumplirse.

Las víctimas del amianto también se topan con un problema fiscal. Una de las grandes reclamaciones de sindicatos y asociaciones es que estas compensaciones queden exentas de IRPF. A su juicio, no se trata de un beneficio económico al uso, sino de una reparación por el daño sufrido, por lo que no debería tributar. Su malestar ha aumentado después de que el Gobierno sí haya aprobado esa exención para otros colectivos, como las víctimas de la dana, de los incendios forestales o de los abusos en el seno de la Iglesia. “Hay una discriminación hacia las personas víctimas del amianto”, apunta Ruiz.

Solución: tribunales

La paradoja es que el fondo nació precisamente para evitar a las víctimas el desgaste de años de pleitos, pero su funcionamiento está empujando de nuevo a muchos afectados a acudir a la justicia. “Si las empresas están vigentes el trámite judicial no va a ser dilatado, pues los tribunales no exigen como requisito indemnizatorio indispensable el reconocimiento administrativo de la enfermedad, cosa que el sistema del fondo de compensación sí”, explica Peiró.

Además, recuerda la experta, “las indemnizaciones previstas en el fondo de compensación para un afectado por mesotelioma son infinitamente menores a las que hemos conseguido en los tribunales”. Según la especialista, las compensaciones pueden rondar los 300.000 euros.

Lo cierto es que el fondo solo reconoce una de cada cuatro solicitudes, un síntoma de que algo no está funcionando correctamente. Los afectados pueden encontrar mayores garantías si optan por acudir a los tribunales, un dato que indica que la vía judicial es la alternativa más eficaz. “Dado que el fondo apenas ha reconocido aproximadamente el 25% de las solicitudes presentadas y que la burocracia es excesiva, para ciertos colectivos el escenario judicial es, sin duda, la mejor opción”, concluye Peiró.

Fuente: www.cincodias.elpais.com

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