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Una familia obtiene permiso judicial para estudiar el cadáver de su padre fallecido por cáncer

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«Mi Paco dijo que se ahogaba, que no podía respirar. Mi hijo David lo llevó al hospital y allí se quedó hasta la muerte», explicó Ana Romero Navarro, a las puertas del juzgado al que acudió el pasado jueves para pedir una prueba forense que aclare si, como sospecha la familia, su marido murió de un cáncer de pulmón causado por el amianto. Francisco López Bernal, que falleció el pasado 25 de octubre en el Hospital Santa Lucía, trabajó durante 34 años en contacto con ese compuesto en empresas del Valle de Escombreras. La Asociación de Perjudicados y Afectados por el Amianto (Apena) persigue que la investigación de su caso ayude a 7.000 personas vivas a ser reconocidas como afectados latentes de la asbestosis. «El caso de Francisco López Bernal puede ser muy importante», explicó el presidente de Apena, Ricardo Torregrosa, que acudió al Palacio de Justicia con Ana y dos de sus hijos, Francisco y David López Romero. En la sede judicial consiguieron la orden que les ha permitido tomar muestras del cuerpo de su padre y enviarlas al Instituto de Toxicología de Madrid. «Los servicios médicos del Hospital Santa Lucía y, en concreto un patólogo primero y el abogado del centro, después, se negaron a ello», explicó Francisco López. «Ni siquiera querían hacerle la autopsia clínica, mucho menos la legal, para ver cuál era la causa del cáncer que le llevó a la muerte», añadió. Al exmecánico y exoperador de planta, el cáncer de pulmón se le manifestó 22 años después de haberse jubilado. «Fue antes del verano cuando nos dijo que se cansaba mucho, que no le daba el resuello. En el centro de salud de La Unión, donde residía, le dieron oxígeno y medicación para un resfriado y le devolvieron a casa», indicó su hijo David. Dos meses y medio más tarde, en septiembre, le diagnosticaron una bronquitis, pero tras su ingreso en el Santa Lucía, las pruebas revelaron el cáncer que acabó con él en 20 días. La cuarta víctima en dos años «Es la cuarta víctima con antecedentes de exposición al amianto que fallece en la comarca, en dos años. Los dos primeros casos revelaron una presencia elevada de amianto en los pulmones. A finales de 2013, las pruebas sobre tejido de un extrabajador de Bazán indicaron que había 54.000 cuerpos de amianto o asbesto por gramo de tejido pulmonar. A finales de 2014, otro análisis de un exempleado de Enfersa dio 1.500 y hace pocos meses hubo un tercer caso, de la antigua Bazán, con 1.400. Tener mil ya es un factor elevado de riesgo», comentó Torregrosa. En estos casos, la extracción de tejido se consiguió bien mediante favores personales o acudiendo a hospitales de fuera de Cartagena. «En la Arrixaca no ponen ningún problema, pero en el Santa Lucía sí», explicó Torregrosa. Esa supuesta arbitrariedad es la que Apena quiere remediar en los próximos casos que «por desgracia, se van a seguir dando en un goteo lento pero seguro. Cuantos más análisis se hagan que demuestren la causa real de la muerte más precedentes tendremos para pedir que el Hospital Santa Lucía y todo el sistema sanitario de la Región de Murcia cambie su forma de actuar ante este tipo de cáncer», aseveró el presidente de la asociación. Francisco López Bernal se hizo socio de Apena hace años, tras tomar conciencia del problema que afectaba a compañeros suyos de profesión y que podía manifestársele a él algún día como así ocurrió. Su hijo mayor Francisco López Romero está en la misma situación. Es operador de planta química y, por ello, quiere que «la investigación de lo que le pasó a mi padre llegue hasta el final». Pegas sanitaria e industrial Los problemas para ello son dos: uno es sanitario ya que, según Apena, solo en un centro médico privado situado en el Valle de Hebrón (Barcelona) hacen la prueba de detección de amianto. «Y el Hospital Santa Lucía se niega a extraer el tejido y enviarlo allí», indicó. De ahí la importancia de conseguir precedentes. El otro obstáculo es que no se tienen los listados completos de exempleados de empresas que trabajaron con amianto hasta que se descartó su utilización en la década de los 80 del pasado siglo, pese a que sus efectos ya habían dado lugar al reconocimiento de la asbestosis como enfermedad profesional en 1961. Navantia aceptó la petición de la Consejería de Sanidad de remitir su lista de extrabajadores en 2009, pero otras industrias grandes ubicadas en Escombreras, como Repsol, nunca lo ha hecho. Pese a los esfuerzos de Apena, el argumento de Repsol de que no se puede determinar la relación directa entre el trabajo y la enfermedad suele triunfar en los tribunales. «Los trabajadores de los últimos 50 años en la factoría tienen las mismas posibilidades de verse afectados por la enfermedad que los empleados de cualquier otra industria, por lo que no tiene sentido hacer un listado», subrayó un portavoz de la empresa. La cosa se complica más en el caso de personas exfumadoras, como López Bernal, porque se simplifica el diagnóstico de la causa de la muerte y da lugar a que no haya una investigación posterior. Eso es lo que Apena quiere evitar al activar su caso. Fuente: www.laverdad.es http://www.laverdad.es/murcia/cartagena/201511/02/siete-jubilados-esperan-autopsia-20151102003120-v.html

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