"La transición energética es un proceso que incumbe a toda la sociedad, y a la Administración Pública le corresponde orientar a ciudadanos y empresas en este cambio de modelo", reflexiona Daniel Pérez, director general de la energética pública catalana, en conversación con La Información. El directivo, ex de Holaluz y de la patronal fotovoltaica española UNEF, considera que las instituciones públicas deben servir como palanca para impulsar proyectos renovables donde el sector privado no llegue.
El último ejemplo se ha vivido con L'Energètica, a través de la cual la Generalitat de Cataluña se ha lanzado a buscar su independencia energética mediante el autoconsumo y la participación en plantas solares, sobre todo de ámbito local. Ha identificado un potencial de inversión de 300 megavatios (MW) para 2030. Según los precios de mercado actuales, esto supondría una inversión de 300 millones de euros, a razón de un millón por MW. El Govern quiere que la compañía suministre electricidad renovable a todas las instalaciones públicas de la Generalitat.
"En materia de renovables, en Cataluña se apuesta por una combinación de plantas de pequeña y mediana capacidad, con un impacto ambiental y paisajístico limitado, con otras de gran capacidad en aquellas zonas ambiental y agrícolamente compatibles. La Administración pública es uno de los grandes consumidores energéticos, y como tal, cambiando la manera en que consume su energía, ya está contribuyendo a la transición energética", indica Pérez. Otra de las iniciativas que destacan dentro de Cataluña es la instalación de placas fotovoltaicas para la Estación de Depuración de Aigües Residuales (EDAR) de Tarragona.
El objetivo es que la planta cuente con fuentes limpias de producción de energía para autoabastecerse completamente. Además, también contará con una planta de cogeneración y puntos de recarga para coches eléctricos. Asimismo, a finales del año pasado, la Diputación de Barcelona amplió el programa 'Renovables 2030' con el objetivo de que en dos años se ejecuten proyectos que permitirán ahorrar 35 millones de euros anuales en la factura energética de 147 municipios. La principal inversión a la que van dirigidas estas ayudas es las instalación fotovoltaica para el autoconsumo de edificios públicos. Cataluña también destinará 40 millones a sustituir cubiertas de amianto con placas solares, sobre todo en el sector primario.
Siguiendo lo pasos de la región catalana, Galicia también está estudiando la creación de una empresa con capital público y privado, una 'utility' que buscará participar y promover proyectos eólicos y de otros tipos de energía renovable. En este sentido, Pedro Fresco, ex director general de Transición Ecológica de la Generalitat valenciana, comenta a este medio que "las administraciones deben ponerse las pilas para llenar todos los edificios públicos de sistemas de autoconsumo porque, además, la futura directiva europea de eficiencia energética va a obligar a ello".
"Es un buen momento para aprovechar los fondos Next Generation, pero estos no llegarán a todo y la administración debe hacer más con fondos propios. La visión de usar la energía solar sobre superficies públicas para paliar la pobreza energética es una visión que a mí me gusta mucho. Otra cosa que creo que es importante es, más allá del autoconsumo, que las administraciones faciliten la creación de proyectos más grandes participados por los vecinos, a modo de comunidades energéticas o inversiones colectivas. Las inversiones colectivas son difíciles en España, no hay cultura de eso, pero si un agente público está detrás y lo financia, con esa garantía creo que saldrían adelante", subraya Fresco.
El directivo, ahora integrado en el consejo asesor de L'Energètica, fue el impulsor del programa 'ZERO energía de proximidad', en la Comunidad Valenciana. Este consiste en la instalación de paneles fotovoltaicos para generar energía solar limpia en 114 institutos públicos distribuidos en 71 municipios en el territorio valenciano, con el objetivo de que ahorren 6,9 millones de euros en la factura de la luz anualmente. Asimismo, la ciudad de Valencia ha creado una comisión de estudio para poner en marcha una empresa municipal de energía, que estaría participada al 51% por el Ayuntamiento y al 49% por un socio privado. El objetivo, si sale adelante, es instalar placas solares en 525 edificios municipales para el autoconsumo.
Por su parte, en Navarra también se colocarán paneles solares en edificios municipales. La energía generada irá a vecinos, comercios y otras pequeñas empresas que no tienen capacidad económica para afrontar el gasto de una instalación solar. La iniciativa se ha denominado 'Toda Navarra' y en el futuro llegará polígonos industriales.
La Agencia Andaluza de la Energía, por su parte, ha desarrollado una aplicación para determinar el potencial de autoconsumo fotovoltaico y la capacidad de almacenamiento energético necesaria en función del consumo real de los edificios públicos. La herramienta, que ya se ha puesto a disposición de los socios participantes del proyecto europeo 'Improvement' de España, Francia y Portugal, permitirá generar una base de datos de edificios y centros de gran consumo energético públicos, como hospitales, centros de investigación o universidades de estos países.
Zaragoza ha instalado de forma masiva placas solares en aparcamientos para rebajar la factura de la luz a 20.000 familias y 200 negocios. También ha construido estaciones fotovoltaicas para abastecer a cuatro edificios municipales y ahorrar 2,8 millones de euros, así como a polígonos industriales. Todo ello, tras una inversión de 20 millones de millones de euros. En mayo del año pasado, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energia (IDAE), adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, presentó junto con UNEF y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) una guía para que los ayuntamientos mejoren sus procedimientos para la instalación de autoconsumo.
Más recientemente, UNEF ha enviado a los partidos políticos una serie de medidas para aumentar el autoconsumo y las comunidades energéticas. Anima a las comunidades autónomas a que desarrollen un plan específico para la introducción de autoconsumo en todos los edificios de la administración. También propone que se creen proyectos en los edificios autonómicos, con subvención pública, de autoconsumos colectivos a través de red para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad energética.
Fuente: www.lainformacion.com
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