La Inspección de Trabajo del Ministerio del ramo ha sancionado a Metro de Madrid con 30.000 euros por no realizar exámenes médicos obligatorios a todos sus empleados para determinar si están afectados por la exposición prolongada al amianto existente todavía en la red pública de transporte. En el último año el Instituto Nacional de Seguridad y Salud ha reconocido a cuatro operarios de mantenimiento de los trenes y las escaleras mecánicas -dos de ellos ya fallecidos- la enfermedad profesional de la asbestosis por la inhalación del polvo que desprenden un mineral cancerígeno cuya utilización está prohibida en España desde 2001.
Según confirman en el suburbano, su intención es recurrir la multa porque entienden que no se puede imponer a las 6.800 personas que componen la plantilla que se sometan a pruebas diagnósticas cuando «no hay ninguna certeza» de que la mayoría de ellas hayan estado en situación de peligro de padecer una dolencia pulmonar por esta circunstancia. «Los que se negaran a hacerlo incurrirían en una infracción grave que podría llegar incluso al despido», argumenta un portavoz de la compañía.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales vigente en España regula en su artículo 22 que los empresarios tienen que poner a disposición de sus empleados una «vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes» a su puesto que solo puede llevarse con «consentimiento» del afectado. Tal y como recoge la normativa, la excepción a este carácter voluntario es que exista «peligro para él mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad».
En Metro argumentan que en su caso no se da ninguna de estas circunstancias porque «hay más indicios de que no ha habido exposición al amianto que de que la ha habido», ya que aseguran que todas las mediciones que se han realizado en los últimos meses «han sido negativas». Una de las pruebas realizadas recientemente, explican, ha sido la dotación de oxímetros para medir la calidad del aire portados por 15 personas durante sus jornadas laborales de 7,5 horas y que, aseguran, tampoco han detectado anomalías.
Tras confirmarse hace un año el primer caso de una persona con enfermedad profesional por el amianto, que falleció la semana pasada, el suburbano estableció un colectivo de riesgo en la plantilla formado por 917 trabajadores a los que recomienda someterse a una vigilancia anual específica para descartar posibles enfermedades relacionadas con esta patología. En él se incluyen los operarios de mantenimiento de los trenes, de reparación de las escaleras mecánicas y de señalización, según precisan en la empresa.
Posteriormente, Metro también ofreció la posibilidad al resto de trabajadores de la plantilla de hacerse un TAC «en respuesta a las situaciones de inquietud y preocupación» generada. Un portavoz de la compañía señala que hasta la fecha «sólo 300 personas más» han solicitado la realización de esta prueba.
Servicio médico privado
El pasado mes de agosto, el suburbano se vio obligado a convocar un nuevo concurso público para poder encargar a una empresa privada que analice las radiografías de tórax que se están realizando a los trabajadores expuestos al amianto. Lo hizo ante el «agotamiento del presupuesto» del contrato actualmente en vigor y debido a que carece de especialistas para diagnosticar si algún otro miembro de la plantilla sufre una dolencia pulmonar derivada de la exposición prolongada a dicho material potencialmente tóxico.
Con el nuevo contrato sanitario, aún en proceso de adjudicación, se amplía de 800 a 1.800 el número de estudios radiográficos que tendrá que realizar la empresa que resulte adjudicataria del servicio hasta finales de diciembre de 2019. El cálculo es que en torno a mil trabajadores al año se harán las pruebas, éstas sí con «medios propios» de la empresa pública, donde señalan que el dato «está sujeto a variación» ya que continúa abierto el «proceso de investigación».
También se ha duplicado la dotación económica para la externalización del análisis de los resultados, que pasa de los 13.280 euros que cobró la adjudicataria actual -Resona- a 30.330 euros. Esta última cifra, sin embargo, podría ser finalmente inferior ya que la rebaja en el precio supone el 80% de la puntuación del concurso, mientras que el 20% restante depende de si las empresas candidatas pueden aportar una titulación que acredite su especialización en Medicina Interna y/o en Neumología.
La Inspección de Trabajo ha multado a la compañía pública madrileña de transportes con 191.000 euros por un incumplimiento «muy grave» de la normativa de seguridad en relación a la manipulación del amianto. A su vez, la Fiscalía de Madrid continúa investigando si por esta circunstancia se pudo producir «un delito contra los derechos» de las personas que trabajan en el suburbano.
Fuente: www.elmundo.es
http://www.elmundo.es/madrid/2018/10/12/5bbe512be2704eba3a8b4762.html
