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Es una vergüenza

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¡Es una vergüenza!”, exclamaron muchos de los presentes en la sala de la Corte de casación, entre ellos familiares de las víctimas, al conocer el veredicto. La Corte de casación italiana anuló el miércoles la condena en segunda instancia a 18 años de prisión impuesta a Stephan Schmidheiny. Los delitos han prescrito. En Suiza, el Tribunal Federal había archivado una causa penal contra el magnate helvético por la misma razón. Pero el plazo de prescripción en materia de derecho civil podría prolongarse pronto, aunque no lo suficiente para las víctimas del amianto. “Anulación sin reenvío de la condena a 18 años para Schmidheiny porque todos los delitos que se le imputan han prescrito”. La Corte de casación avaló anoche la petición del fiscal general Fransceso Iacoviello. En febrero de 2012, el expropietario de la empresa Eternit fue condenado en primera instancia a 16 años de prisión por “desastre ambiental doloso permanente” y por “omisión voluntaria” de medidas de seguridad para los obreros contra la contaminación por amianto. En junio de 2013, el tribunal de apelación elevó la pena a 18 años. La sentencia causó reacciones de incredulidad en las personas presentes en la sala del tribunal, entre ellas muchos familiares de las víctimas, que exclamaron: “¡Es una vergüenza!”. La defensa de Schmidheiny, obviamente, manifestó su satisfacción: Con esta decisión de la Corte “queda demostrado que el proceso Eternit, en Turín, violó varias veces el derecho a un juicio justo, así como el principio de ‘ninguna pena sin ley’, según los artículos 6 y 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos”, declaró la portavoz de Schmidheiny, Elisabeth Meyerhans Sarasin. Causa archivada también en Suiza en 2008 En Suiza, Stephan Schmidheiny fue una sola vez objeto de querella. En 2008, sin embargo, el Tribunal Federal sobreseyó la denuncia por homicidio imprudente y lesiones personales que interpuso contra él y su hermano Thomas la familia de una víctima del amianto, al entender que el delito había prescrito. “La diferencia entre la situación helvética y la italiana es que en Suiza los plazos de prescripción en derecho penal se cuentan desde el momento de la comisión del delito. En este caso concreto, la última exposición al amianto. En Italia, en cambio, el plazo de prescripción empieza a correr desde que se manifiesta el daño, o sea cuando las personas enferman”, explica el abogado David Husmann, presidente de la Asociación Suiza de Víctimas del Amianto (VAO), contactado por swissinfo.ch antes de que la Corte de Casación italiana anunciara el veredicto. Según Husmann, el ordenamiento penal suizo tiene su justificación: “Comprendo que se aplique un plazo que una vez ha transcurrido permita dejar tranquila a una persona”. En 2009, cuando se abrió el juicio en Turín, el Gobierno suizo declaró, en respuesta a una interpelación parlamentaria, que no consideraba oportuno modificar el Código Penal para prolongar el periodo de prescripción en casos como el del amianto. “Un plazo de prescripción más largo respondería principalmente al deseo de encontrar un responsable y satisfacer una necesidad de venganza”, escribía el Gobierno. “Desde el punto de vista de la política criminal, no parece necesaria una sanción penal. Si entre tanto el autor no ha cometido otros delitos, la sanción, cuyo objetivo principal es la reinserción del autor en la sociedad y evitar que reincida, no tendría mucho sentido”. Estrasburgo reconviene a Suiza El problema reside en que este mismo principio rige también en derecho civil, subraya Husmann. El Código de las Obligaciones prevé, de hecho, que el término de prescripción venza 10 años después de producirse el daño. Un escollo insuperable para las víctimas del amianto y sus familias que inician un proceso civil para conseguir una indemnización. Las enfermedades derivadas de la exposición al ‘polvo que mata’ tienen un periodo de latencia muy largo, 25 años en promedio. En otras palabras, una persona que estuvo expuesta al amianto en 1980 y desarrolló el mesotelioma en 2005, hubiera tenido que denunciar a su empresa en 1990 para tener alguna posibilidad de ganar la causa. Una situación que condenó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que en marzo pasado aceptó el recurso de la familia de una víctima del amianto. El TEDH estableció que Suiza había violado el derecho a un proceso justo, al rehusar la concesión de una indemnización por prescripción. ¿Diez, veinte, treinta años? Antes que el TEDH dictase sentencia en noviembre de 2013, el Gobierno suizo presentó un proyecto de modificación del derecho en materia de prescripción, en el que proponía, en particular, elevar de 10 a 30 años el plazo de prescripción absoluto. El Consejo Nacional debatió el proyecto de ley en septiembre y decidió fijarlo en 20 años. Según la cámara baja del Parlamento suizo, un plazo de 30 años genera una excesiva inseguridad, sobre todo en las empresas, que deben hacer frente a elevados costes de seguros y burocracia, debido a la obligación de conservar los documentos de la época. Una decisión que David Husmann califica de “inaceptable”. “La mayoría de los casos quedarían prescritos. También estábamos en contra de un plazo de 30 años. Respaldamos una regla diferente, es decir, que el periodo de prescripción comience en el momento en el que se manifiesta el daño. Es simplemente una cuestión de lógica. Un hecho no puede prescribir antes de que se manifieste el suceso perjudicial. Es una solución que se aplica desde hace años en Francia, por ejemplo.” Husmann confía en que ahora el Consejo de los Estados – la segunda cámara parlamentaria que debe pronunciarse sobre la revisión – cambie de rumbo. De lo contrario, la VAO está dispuesta a luchar hasta llegar a Estrasburgo: “Si no se cambia, interpondremos un nuevo recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y volveremos a ganar”. ¿Por qué cambiar? Durante el debate en el Consejo Nacional, algunos diputados de la derecha subrayaron que prolongar el plazo de prescripción no corresponde al método que el Parlamento ha elegido para regular este tipo de riesgos. “El método que hemos elegido consiste en un seguro obligatorio, que combinado con otros seguros como el AVS [Seguro de Vejez y Supervivientes], cubre mucho mejor el daño sufrido en el caso de haber estado expuesto, sin saberlo, a materiales que, al cabo del tiempo, causan enfermedades”, recalcó el diputado de la Unión Democrática de Centro (derecha conservadora), Yves Nidegger. Este método es preferible a los sistemas de acción judicial accesibles solo para quienes lo pueden costear y que permiten abrir procedimiento solo contra deudores aún existentes. David Husmann reconoce que la situación en Suiza es bastante buena. Aun así, las aseguradoras, especialmente la SUVA (Instituto nacional de seguro contra los accidentes) no cubren enteramente los gastos a los que debe hacer frente una persona que enfermó a causa del amianto. Por ejemplo, solo es correspondido con el 80% del salario. Fondo de indemnización Para poner fin a un asunto que se alarga desde hace años y, al mismo tiempo, para esquivar los obstáculos que crea el término de prescripción, la VAO ha solicitado la creación de un fondo de indemnización a favor de las personas que carecen de derecho legal a ser resarcidos. Un fondo que debería disponer de cerca de 500 millones de francos, según estimaciones de la VAO. La propuesta cuenta con el respaldo de los sindicatos, la izquierda y también de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la cámara baja. Pero la respuesta del Gobierno fue negativa. El Ejecutivo se declaró dispuesto a convocar a todos los interesados a una mesa redonda, pero rechazó la idea de un fondo público. En su respuesta, el Consejo Federal recuerda que ha propuesto elevar a 30 años el plazo de prescripción absoluto y subraya que el resarcimiento de las víctimas del amianto “se fundamenta, en primer lugar, en la responsabilidad de derecho privado que recae sobre los causantes del daño, en particular la de los empleadores hacia sus empleados”. Crear un fondo estatal “significaría atribuir una responsabilidad privada al Estado”. “Coincido en parte con la opinión del Gobierno, según el cual no corresponde al Estado indemnizar los daños causados por particulares”, declara David Husmann. El presidente de la VAO anota, no obstante, que el Estado no está exento de críticas en el asunto del amianto: “La SUVA, que es una empresa pública, y la Oficina Federal de Salud Pública hubieran tenido que controlar la aplicación de las medidas de seguridad. Pero no lo hicieron [ndr: crítica que la SUVA siempre ha rechazado]. Por esta razón consideramos que el Estado no puede mantenerse al margen. Fuente: www.swissinfo.ch http://www.swissinfo.ch/spa/anulada-la-condena-de-stephan-schmidheiny/41125704

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