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ELA denuncia la muerte de un trabajador de Luzuriaga por amianto

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El fallecido trabajó desde el año 1977 hasta su jubilación en la planta de Fagor-Ederlan en Tafalla, estando durante esos años expuesto a amianto sin medidas de seguridad, según denuncia el sindicato ELA.

Un trabajador de la planta de Luzuriaga de Tafalla ha fallecido tras años de trabajo en contacto con el amianto y sin medidas de seguridad. El Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra en un Informe Clínico-laboral de 2017 señala que “la patología diagnosticada, Carcinoma escamoso de pulmón, es una patología directamente relacionada con exposición laboral al amianto y así está reconocida en el vigente cuadro de enfermedades profesionales”.

Por su parte, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se hizo eco también de las condiciones en las que el trabajador prestó servicios durante esos años, afirmando que “el trabajador se encontró expuesto al amianto desde 1977 hasta 1992, se utilizó en la empresa como EPIs elementos con amianto y ello a pesar de la previsión contenida en el RD 1406/1989”.

Se da la circunstancia de que el INSS ya le había reconocido al trabajador fallecido la Incapacidad Permanente Absoluta derivada de Enfermedad Profesional, estando al momento de su fallecimiento pendiente de celebrarse las vistas judiciales en materia de recargo de prestaciones -con una propuesta de recargo del 50% sobre la pensión por falta de medidas de seguridad- y de Responsabilidad Civil, procedimientos que continuarán sus familiares.

ELA ha denunciado esta muerte resaltando el drama de las Enfermedades Profesionales derivadas del contacto con amianto, «un fenómeno creciente y de dimensiones casi pandémicas derivado todo ello de un insuficiente control público y de la falta más absoluta de medidas de seguridad por parte de las empresas durante el pasado siglo XX».

Tras transmitir sus condolencias y pesar a la familia del fallecido, reclama a las empresas que «actúen con responsabilidad y desistan de una vez por todas en prolongar innecesariamente la vía judicial, que no sirve más que para agudizar el sufrimiento de las personas afectadas y revictimizarlas». Así mismo, el sindicato exige a las instituciones públicas que asignen los recursos suficientes para garantizar «de manera efectiva el derecho a la salud de la clase trabajadora», y se reafirma en el compromiso de luchar para eliminar los productos cancerígenos de los centros de trabajo.

Fuente: www.kaosenlared.net

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