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El Ministerio Defensa reitera su responsabilidad en la exposición al amianto sufrida por dos militares

Despacho

Dos han sido los pronunciamientos dimanados del Ministerio de Defensa en los que siguiendo el criterio del Consejo de Estado, de nuevo se reconoce que se creó una situación de riesgo como es la utilización del material tóxico conocido como amianto y cuya toxicidad era conocida por la Administración. En primer lugar, se trata de la Resolución del Ministerio de Defensa, Subsecretaría de Defensa de fecha 18 de octubre de 2.013 y por la que, se declara que el fallecimiento del subteniente de la Armada Don Manuel Vila Feal aconteció como consecuencia de un acto de servicio. Y ello, porque siguiendo las conclusiones alcanzadas por la Junta Médico Pericial Superior de la Sanidad Militar, entiende que en el caso del citado Alférez de Navío se puede confirmar que existe relación de causa efecto entre la patología causante del óbito –mesotelioma inicialmente informado como un tumor maligno pulmonar- y el servicio prestado como mecánico de barcos. Máxime si tiene en cuenta que los estudios científicos actuales avalan un índice de proporcionalidad elevada de producirse durante largas exposiciones a la inhalación del amianto o asbesto. La segunda resolución en la que el Ministerio de Defensa asume su responsabilidad por los daños que la exposición al amianto ha causado a cientos de militares, se trata de la reciente Resolución de 30 de diciembre y por la que se reconoce una indemnización a los hijos del cartaginense que fuera Sargento Primero del Cuerpo General de la Armada, Don Manuel López González. Si bien la indemnización en este caso asciende a 60.000€ pues son seis los hijos reclamantes y de nuevo se aplica el Baremo de tráfico, lo importante es que una vez más, siguiendo la doctrina del Consejo de Estado, se reconoce que la Administración conocía la peligrosidad del insalubre material que se conoce como amianto. Es relevante en este caso la opinión prestada por el Asesor Jurídico General que concluyó afirmando “un juicio lógico de inferencia obliga a apreciar la existencia evidente de un motivo próximo o inmediato relacionado con el servicio y de suficiente entidad para actuar como causa desencadenante del padecimiento, y en definitiva, del fallecimiento”. La estimacion de ambas reclamaciones que, una vez más, han sido tramitadas en Ferrol y en Cartagena por el despacho Oria, Pajares & Asociados Abogados, supone un paso más hacia delante en la lucha de cientos de militares que estuvieron expuestos al amianto y desencadenaron como consecuencia de dicha exposición las distintas enfermedades cancerígenas que se relacionan con el tóxico material usado a bordo de los buques de la armada española.

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