La sucesión de noticias sobre la presencia de amianto en instalaciones de las Fuerzas Armadas ha obligado al Ministerio de Defensa a dar explicaciones sobre si este material supone un peligro para la salud de los militares y del personal civil que trabaja en esas bases.
El ministerio ha contestado a las preguntas que le remitió la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), a raíz de la noticia que reveló el diario El Mundo sobre la existencia de amianto en las tuberías del agua para la calefacción en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).
Según Defensa, hasta el momento de la contestación se habían tramitado 113 expedientes relacionados por contaminación por asbestos (o amianto), de los cuales 80 se habían considerado como acto de servicio.
Hay que recordar que también este verano se aprobó la resolución por la que la muerte del almirante de la Armada Francisco Javier González-Huix (quien fue Jefe del Estado Mayor Conjunto) se consideró como fallecimiento en acto de servicio, debido a la exposición que este almirante tuvo al amianto de los buques y submarinos en los que navegó.
Esta resolución causó cierta sorpresa en las Fuerzas Armadas, ya que algunos militares han tenido que pelear en los tribunales para que el Ministerio de Defensa reconociera que enfermedades como ciertos tipos de cáncer se les habían manifestado como consecuencia directa de haber trabajado en buques o en edificios donde se usaba amianto como material aislante, algo común hasta hace unos años.
En la respuesta a las preguntas de la Asociación de Tropa y Marinería Española, el departamento de Margarita Robles explica que, por el año en el que fueron construidos, en un número considerable de acuartelamientos de las Fuerzas Armadas existe amianto.
En la mayoría de los casos, se trata de fibrocemento presente en cubiertas de tejados y paredes de talleres, hangares y aparcamientos de vehículos, así como en tuberías bajantes en edificios, generalmente al aire libre, donde según Defensa no supone un riesgo.
La mera presencia de amianto, argumenta el ministerio, no indica necesariamente una situación de riesgo, siempre que el material esté en buen estado y no presente riesgo de liberación de fibras, basándose en la “Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición al amianto”, del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST).
El problema es la degradación del material por el paso de los años, y la posibilidad de que al manipularlo pudiera verse fragmentado, por ejemplo durante su retirada en una obra.
Por eso el tratamiento del amianto está regulado por el RD 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
El ministerio asegura que si se comprueba la existencia de amianto en las instalaciones militares, se realizará un seguimiento y control del estado de conservación de los materiales y, de acuerdo con la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, se planificará su retirada y eliminación de forma segura antes de 2028.
En estas páginas se ha contado en las últimas semanas diversas actuaciones que se van a llevar a cabo en bases y cuarteles de la Armada y del Ejército del Aire para retirar tuberías, cubiertas y aislamientos de amianto.
Fuente: www.elconfidencialdigital.com
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