El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha confirmado la sentencia del Juzgado Social 13 de Barcelona que condenó a la Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de la Generalitat por la exposición al amianto de un bombero afectado por pleuritis y fibrosis.
La sentencia obliga a la Generalitat a aplicar un recargo del 40% en el importe de la prestación que recibe el bombero, que tiene concedida la incapacidad permanente en grado de absoluta desde 2007 por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Según el colectivo de abogados, el trabajador afectado se dedicó a la extinción de incendios entre 1973 y 1996, cuando abandonó estas funciones para pasar a servicios administrativos debido a las patologías que padecía.
Durante los años 80, los bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos del Ayuntamiento de Barcelona y posteriormente dependientes de la Generalitat incluían en sus uniformes elementos con amianto, un material ignífugo, y hasta los 90 eran los mismos bomberos quieres se encargaban de la limpieza de la ropa.
La sentencia considera que la Generalitat debería haber hecho reconocimientos médicos ante el peligro de exponer a sus trabajadores al amianto y disponer de medidas de seguridad que no adoptó respecto al mantenimiento y limpieza de estos equipos personales.
"La gravedad de la falta cometida por la Generalitat en su obligación de prevención de riesgos laborales se hace patente", afirma el alto tribunal.
Para el abogado del Collectiu Ronda Àlex Tisminetzky, la decisión del TSJC "acredita un hecho tan grave como es que sea la propia Administración, es decir, quien más debería velar por el cumplimiento de la normativa vigente, quien incurre en un incumplimiento flagrante y continuado en el tiempo de una obligación tan trascendente como es proteger la salud de sus trabajadores y trabajadoras".
Ha asegurado que hay estudios científicos que aseguran que el amianto es la causa de la muerte de cerca de 2000 personas cada año en España y lo ha calificado de "verdadero genocidio laboral".
También ha lamentado que la administración actuara con el mismo desprecio por la salud y la seguridad laboral que muchas empresas que han sido igualmente condenadas por exponer sus trabajadores a un material que puede provocar la muerte.
Fuente: www.catalunyapress.es
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