Hace cinco años que Julián Martín empezó a sentir un dolor fuerte en la espalda. El médico pensó que era una contractura y le recetó calmantes, pero no le hicieron nada. Así que le dieron cita para una radiografía. Y el diagnóstico fue irreversible: cáncer de pulmón con metástasis en fase terminal por inhalación de amianto.
Operario de mantenimiento en el Metro de Madrid, había estado manipulando durante décadas -sin saberlo- piezas de trenes que contenían un mineral altamente tóxico prohibido en España desde 2002. Él fue el primer empleado del suburbano al que se le reconoció una enfermedad profesional por esta causa. Murió a los pocos meses.
Cinco años después, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha concluido que son 18 los trabajadores afectados por el amianto, 10 de los cuales han fallecido, según CCOO. En la compañía pública de transportes de momento sólo reconocen seis de esas resoluciones porque no ha podido tener acceso al resto «para conocer el expediente de motivación», por lo que han interpuesto diversas demandas contra el organismo que las emite.
El caso de Julián -destapado por EL MUNDO en febrero de 2018- propició que se pusiera en marcha un plan de desamiantado en el Metro que se encuentra en «un alto grado de avance» y que se prevé que concluya en 2028, aunque «pueden existir variaciones derivadas de nuevos hallazgos», según un portavoz. La inversión prevista es de 170 millones de euros, de los que ya se han comprometido más de 62.
El Comité de Empresa convocó este miércoles una nueva jornada de paros parciales en el suburbano en protesta por la gestión que se ha hecho de esta crisis y una concentración frente al Congreso de los Diputados coincidiendo con la presentación de una Proposición de Ley para la creación de un fondo de compensación para todas las víctimas de esta sustancia cancerígena. También estaba previsto un juicio de unos de los trabajadores fallecidos -P. M.V.G- al que la compañía no le reconoce la enfermedad profesional que le concedió el INSS.
"Tenemos otros muchos trabajadores principalmente jubilados que, a falta de pruebas medicas, es muy probable que también se vean afectados por diversas patologías debido a la exposición o manipulación del amianto en su puesto de trabajo. Frente a esa clara realidad, la dirección de Metro de Madrid, se resiste a reconocer su responsabilidad en estas situaciones y aplica una estrategia judicial basada en dilatar o entorpecer cualquier resolución o veredicto que la señale en ese sentido", denuncian en CCOO.
En paralelo, está en marcha un procedimiento penal, en el que hay siete trabajadores del área de Salud Laboral del suburbano que están siendo investigados por los presuntos delitos de homicidio imprudente y lesiones. El Juzgado de Instrucción número 23 ha solicitado una prórroga y ahora tiene que decidir las nuevas diligencias que considere necesario practicar.
"Ahí se actuó como si no hubiese amianto. No se consideró que hubiera que hacer nada para proteger a los trabajadores", asegura Eugenia Martín, la viuda de Julián, que antes de fallecer denunció los hechos en la Inspección de Trabajo que fue, a su vez, la que dio traslado a la Fiscalía. "Esto no puede quedar así. Vamos a ir hasta el final. Es lo único que podemos hacer, por él y por nosotros, porque el daño ha sido muy grande. Eso nos fuerza para luchar", añade.
Según explican en Metro, hasta la fecha se ha retirado el amianto en un 28,36% del material móvil, un 24,72% de las instalaciones y un 8% en infraestructuras. La media es del 27,74%, que, unida al "alto grado avance en la caracterización", supone "un 44,6% de ejecución del plan".
El primer paso es determinar su existencia o no en una ubicación, instalación o componente de los trenes. Para ello, se realizan "extensos y minuciosos trabajos" de análisis incluso con el apoyo de laboratorios externos y empresas especializadas.
"Con esta información, ha sido posible establecer controles mensuales de avances detallados definiendo los criterios de seguimiento y ajustando planificaciones de desamiantado conformes al inventario, permitiendo a los departamentos técnicos ser más eficientes y optimizar el uso de los recursos disponibles para conseguir el objetivo definido", explica un portavoz. Además, hasta ahora se han realizado 2.000 mediciones ambientales y personales, todas "negativas", por lo que se "descarta cualquier tipo de riesgo tanto para los trabajadores como para los usuarios de la red".
Los procesos de desamiantado se están realizando "atendiendo siempre a criterios de aseguramiento de salud tanto de trabajadores como de viajeros" y para "minimizar el impacto sobre el servicio prestado". Para ello, siempre que se puede, se realiza junto a iniciativas de mejora de la red como el Plan de Accesibilidad y Modernización de Estaciones y los de reseñalización de las líneas 7 y 9.
Fuente: www.elmundo.es
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