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Uralita condenada a pagar la retirada del amianto de su antigua fábrica en Sevilla

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El juzgado de Primera Instancia número 5 de Madrid ha condenado a la Corporación Empresarial de Materiales de Construcción SA (Coemac), la antigua Uralita, a abonar a la Diputación de Sevilla un total de 379.963,89 euros por los trabajos que tuvo que acometer la institución provincial para recuperar los terrenos del Cortijo del Cuarto, de su propiedad, y eliminar los restos de amianto procedentes de la antigua fábrica de fibrocemento.

Además, la empresa tendrá que pagar los intereses legales de la citada cantidad y se le impone el pago de las costas causadas, tal como recoge la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, resultado del juicio celebrado en la capital española en abril del pasado año.

El fallo, que ya ha sido recurrido por Coemac, señala que la prueba documental evidencia que los terrenos de la Diputación se encontraban contaminados por amianto y que Coemac no ha acreditado "suficientemente" que adoptara "no ya las medidas a que legalmente viniera obligada, sino aquellas que conforme a los conocimientos habidos en el momento debían haberse adoptado con una diligencia y cuidado que le era exigible al venir desarrollando su actividad productiva con materiales que se conocía ya, desde al menos 1940, que eran peligrosos".

En el escrito, se indica que desde la década de los 70 se han venidoproduciendo vertidos a cielo abierto procedentes de la fábrica de Uralita en los terrenos del Cortijo de Cuarto, situados en la barriada de Bellavista, parte de los cuales son propiedad Sevilla Activa, sociedad de la Diputación de Sevilla. Los terrenos estaban contaminados de amianto, que "provoca serios

daños para la salud de las personas", por lo que la entidad provincial llevó a cabo trabajos de recuperación voluntaria de los suelos contaminados, una actuación que ha conllevado el coste reclamado a Coemac.

De su lado, la empresa alegaba que las cantidades reclamadas "carecían del rigor necesario" o eran "desproporcionadas", algo que el juzgado rechaza. Además, Coemac se defendía asegurando que no se acredita que esos "polvos o tierras blanquecinas" se correspondan con residuos de una fábrica de fibrocemento. También, la empresa entiende que el coste asumido por la Diputación "obedecía a una obligación legal, la de sanear los terrenos de su propiedad y mantenerlos en condiciones de seguridad y salubridad", añadiendo que, en todo caso, "la acción ejercitada se encuentra prescrita", ya que la fábrica cerró en 1998.

Pese a su defensa, el juzgado de Primera Instancia madrileño entiende acreditado que los terrenos estaban contaminados por amianto procedente de la antigua fábrica de Uralita, por lo que ha condenado a la empresa a abonar a Sevilla Activa el montante íntegro que ésta reclamaba.

Fuente: www.prevencionintegral.com

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