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Tres directivos de Azucarera declararán como imputados en el caso del amianto

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Afectados y familiares de fallecidos presuntamente por la exposición al amianto, que han decidido sumarse a la querella presentada contra la Azucarera por otras nueve personas, ratificarán la demanda en el Juzgado de Toro este viernes. Así lo confirmó ayer el abogado de los querellantes, Ramón Oria, quien señaló que, una vez revisado el escrito de ampliación de la demanda y la documentación aportada, los nuevos querellantes, las viudas de tres trabajadores de la planta toresana de Azucarera y un afectado, deberán ratificar el viernes la querella. Además, aunque todavía la defensa de los denunciantes no ha recibido la notificación oficial del Juzgado de Toro, con toda probabilidad la comparecencia en sede judicial de los responsables de la compañía y de los consejeros delegados se producirá a primeros de mayo. En este punto, Oria confirmó que la empresa ha intentado «obstaculizar» la petición formulada por la defensa para que declaren los responsables de la Azucarera de Toro y los consejeros delegados de la compañía alegando que, hace años, no tenían responsabilidad en los presuntos delitos de homicidio imprudente y contra la seguridad de los trabajadores que han denunciado los querellantes cuando, a juicio del letrado, «hay una imputación de hecho». No obstante, Oria subrayó que si existe una resolución específica para que comparezca en sede judicial el responsable de seguridad en el trabajo de la Azucarera de Toro, a pesar de que sea un «mando intermedio». Por otra parte, el abogado se refirió a las medidas cautelares acodadas por el Juzgado, tras la propuesta formulada por los querellante. Con la primera de estas medidas cautelares, se prohibe a la Azucarera que, mientras se instruyen las diligencias del caso se altere cualquier elemento fijo o móvil que pudiera destruir pruebas, no sólo en la factoría toresana sino también en otros centros de la compañía. Sobre esta medida cautelar, la Azucarera ha trasladado al Juzgado su oposición, alegando que tiene que ejecutar trabajos de reparación y mantenimiento «urgentes» y que, si se prohibe su realización, tendrá que cerrar la planta de Toro. Ante esta petición, la defensa de los querellantes ha reclamado que la empresa especifique de forma concreta y detallada qué trabajos tiene previsto ejecutar con el objetivo de que estas reparaciones no supongan la destrucción de posibles pruebas que demuestren la relación entre la exposición al amianto y el fallecimiento de ex trabajadores o las enfermedades que padecen algunos de los querellantes.
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