Cáncer de pulmón, de pleura o asbestosis. El amianto ha dejado decenas de miles de enfermos y fallecidos a lo largo de las últimas décadas debido a su exposición a esta sustancia tóxica. Tras años de lucha incansable, el Pleno del Senado dio luz verde este miércoles por unanimidad -salvo por un voto en contra que un diputado del PP emitió por error-, la Ley del Fondo de Compensación para las víctimas. Una normativa que tiene su origen en una propuesta aprobada hace nada menos que once años en el Parlamento vasco y que se espera pueda poner fin a su desamparo.
EL CORREO ha recogido el testimonio de cinco personas afectadas por el amianto. Entre ellas, Asun Mínguez, que perdió a su marido de forma fulminante de un mesotelioma o cáncer de pleura por su contacto con este material tiempo atrás. «El amianto estaba incluso en las estufas en las que calentábamos el bocadillo», recuerda una de las víctimas.
«Mi caso es especial. Es crudo decirlo, pero a estas alturas y con lo que tengo debería haber muerto». Simón Alonso no se corta a la hora de hablar de las consecuencias que el amianto ha tenido en su cuerpo. En 2018 se le diagnosticó un mesotelioma, un tipo de cáncer muy agresivo. «Es por estar en contacto con ese material. En este caso, no hay otra razón. Lo ratifican todos los informes médicos y de Osalan». Lo normal después de haber trabajado en Aceros de Llodio entre 1970 y 1992 y en la planta de Sidenor de Basauri, hasta 2009.
«Era instrumentista y todo el material de medida que usábamos estaba recubierto de asbesto. Estaba incluso en las estufas donde calentábamos el bocadillo», recuerda. Sin embargo, la Seguridad Social descartó que lo suyo fuera una enfermedad profesional lo que le llevó a reclamarlo por vía judicial. «El juez nos dio la razón en primera instancia pero lo recurrieron. Esta semana ha llegado una nueva sentencia favorable a mi reclamación. Habrá que ver si no recurren de nuevo, cuenta con recelo antes de apuntar que «solo si de declara enfermedad profesional lo que yo tengo puedo pedir daños y perjuicios a la empresa». Con rabia censura que los plazos se dilaten tanto. «Recurren las sentencias una y otra vez para ver si el enfermo se muere entre tanto». Simón sigue su lucha, la burocrática y la que lidia contra el mesoteliona. «Me han dado varias sesiones de quimioterapia pero ha quedado algo y estoy a la espera de ver si hay que dar radio».
El durangués Patxi Kortazar está a punto de cumplir los 69 años y atiende a las víctimas vizcaínas que llaman a la asociación vasca de afectados. Ha conocido a unas 800, la más joven de 40 años. «Es una lucha muy dura y muchos fallecieron al de muy poco de acudir a la asociación. El amianto ha sido un escándalo político, porque se ha permitido durante más de 20 años sabiendo sus efectos y para que siguieran muriendo los de siempre». Y añade, además, el «gran número de personas enfermas por ese material que se han ido con el covid». Empleado en una fundición de Durango, un reconocimiento médico de su mutua en 2003 reveló que sufría de placas pleurales. Sin tratamiento y en el mismo puesto de trabajo, empezó a empeorar y en diciembre de 2006 le diagnosticaron una neumonía incurable con derrame de pleura y solicitó la baja. En realidad, tuvo que pleitear durante siete años hasta que la mutua le reconoció la asbestosis como enfermedad profesional. Aun así no obtuvo la incapacidad total, porque se consideró que aún disponía de la capacidad pulmonar necesaria para trabajar. Llegó a un acuerdo con la empresa y se retiró a los 65, aunque arrastra dolores crónicos para los que recibe tratamiento una vez al año. «Nadie me ha compensado», relataba ayer. Su enfermedad no avanza desde 2015, «pero si estalla es fulminante».
Miguel Macías Gómez murió en julio del 2003 a causa de una asbestosis pulmonar. Durante 30 años trabajó en Guardian Llodio, en los hornos para la elaboración del vidrio, «sin las medidas de seguridad necesarias» para quienes manejan amianto. Lo dice una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco emitida en octubre de 2005 y en la que se condena a la empresa a indemnizar a la familia. Los síntomas aparecieron cuando «ya estaba prejubilado» y fue «la inspectora de trabajo, en aquel entonces Gloria Sánchez Martin, la que abrió camino para determinar la enfermedad profesional». Corría el años 2001 y les quedaban por delante cuatro años de pleitos. «El murió a los 72 años tras pasar unos meses durísimos, con oxígeno todo el día e ingresado en el Hospital de Santa Marina», recuerda su hija Catalina que sospecha que la muerte de su madre, Francisca González, fallecida de cáncer en 2016, también tiene que ver con asbesto. «Lavó en su casa del barrio de Latiorro, los buzos de mi aita y a saber las fibras de amianto que respiró», aventura.
Entre 1977 y 1992 Jesús Uzkudun trabajó en la acería Pedro Orbegozo de Hernani. Allí ejerció como mecánico de mantenimiento en los hornos de la factoría. «Usábamos amianto como los niños comen caramelos y a aquellas altas temperaturas se hacía polvo y lo respirábamos. Sabíamos de ese material, pero no hasta qué punto estaba presente en la siderurgia», recuerda. Sindicalista combativo y precursor de la salud laboral en Euskadi, Uzkudun ha dedicado gran parte de su vida a luchar por los derechos de quienes padecen las consecuencias del uso del amianto. «He acompañado a afectados alaveses, vizcaínos y guipuzcoanos y para mí es una gran satisfacción que haya salido adelante el fondo de garantía», dice. Y es que si bien en muchos «ya no existe la empresa y no hay a quién reclamar. Ahora podrán recibir indemnizaciones, quizás más pequeñas, pero es algo».
Remarca la necesidad de que «las autoridades sanitarias sean más sensibles ante estos casos». «De su valoración depende que se declare enfermedad profesional o no, que se indemnice o no». En su caso, está «incluido en el listado elaborado por Osalan de trabajadores que han estado en contacto con ese elemento y a los que se les hace un seguimiento por si hay síntomas. A mi me aparecieron el verano pasado y me diagnosticaron asbestosis». «Lo he trabajado y lo llevo en el cuerpo», concluye.
Desde crío, Miguel se dedicó a la panadería en Durango. Llevaba más de 40 años en el mismo obrador cuando, a los 56 años, mientras disfrutaba con su mujer de unas vacaciones en Murcia, comenzó a sentirse mal. El diagnóstico en el hospital de Galdakao fue inmediato: mesotelioma o cáncer de pleura por contacto con el amianto años atrás. Seis meses después, en febrero de 2014, falleció. Su viuda, Asun Míguez, quedó a cargo de la familia. Cree que perdió a su marido por los hornos que empleados en la panadería, aunque a petición expresa de su marido no reclamaron nada a la empresa, ya que le acogieron cuando era un niño y su hijo estaba trabajando en ella cuando su marido fue diagnosticado. La mutua la indemnizó y también a sus hijos. Su enfermedad fue muy dura. «Tenía muchos dolores, necesitaba morfina, cada día teníamos que ir al hospital. Se quedó en los huesos. Era un muerto viviente». Desconoce si podrá beneficiarse de alguna forma del fondo de compensación, aunque sí que beneficiará a muchas viudas que no han podido acceder a ninguna prestación al haber desaparecido las empresas en las que trabajaron sus maridos.
Fuente: www.elcorreo.com
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