Según el Plan Estratégico 2025-2027, aprobado por el Consejo de Ministros el 26 de agosto a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, la prevención del cáncer de origen laboral se convierte en uno de los ejes prioritarios de actuación del organismo.
Esto implica más inspecciones, más controles y una vigilancia sistemática de la exposición de las personas trabajadoras a sustancias peligrosas como el amianto o los disolventes industriales.
Hasta ahora, la Inspección actuaba frente a la exposición a productos tóxicos dentro de las campañas generales de prevención de riesgos laborales. Sin embargo, el nuevo plan supone un cambio de escala: el cáncer laboral pasa a estar en el centro de la estrategia inspectora.
El documento, elaborado por el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social (OITSS), señala que se intensificarán los controles en sectores especialmente expuestos, como la construcción, la metalurgia y la limpieza industrial, donde el contacto con sustancias químicas es frecuente.
La medida busca evitar los efectos a largo plazo de una exposición prolongada a materiales peligrosos. En muchos casos, los daños no son inmediatos y se manifiestan años después del contacto con productos que se manipulan a diario sin la protección adecuada.
Los disolventes, por ejemplo, se utilizan en pinturas, barnices o productos de limpieza, y su inhalación continuada puede causar enfermedades respiratorias y cáncer. Lo mismo ocurre con el amianto, cuyo uso está prohibido desde 2002, pero aún aparece en cubiertas, conducciones o materiales aislantes en edificios antiguos.
El plan prevé campañas específicas de control para verificar que las empresas evalúan correctamente los riesgos, sustituyen las sustancias peligrosas por otras menos dañinas y aplican medidas efectivas de ventilación o aislamiento.
Además, la Inspección exigirá el cumplimiento del Real Decreto 665/1997, que obliga a los empleadores a mantener registros actualizados de exposición y realizar controles médicos periódicos a las personas potencialmente afectadas.
La Inspección actuará, además, en coordinación con el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) y con las autoridades sanitarias autonómicas, con el fin de mejorar la detección y notificación de enfermedades profesionales.
Uno de los objetivos del plan es reducir el infrarregistro de cánceres laborales, ya que muchos casos se clasifican como enfermedades comunes y no se investigan sus causas relacionadas con el empleo.
El nuevo enfoque no se limitará a la sanción. La Inspección quiere también sensibilizar al tejido empresarial sobre los riesgos de las sustancias cancerígenas.
Se promoverán programas de formación dirigidos tanto a empleadores como a los servicios de prevención, para que comprendan que los riesgos no solo se asocian a accidentes visibles, sino también a efectos diferidos que pueden manifestarse años después.
El plan destaca la necesidad de extender esta cultura preventiva a todas las actividades productivas. Los inspectores recibirán formación especializada para identificar mejor los factores de riesgo y evaluar la eficacia de las medidas adoptadas por las empresas.
El Ministerio de Trabajo busca así consolidar una vigilancia “más técnica y con enfoque sanitario”, que priorice la salud a largo plazo de las personas trabajadoras.
El Plan Estratégico 2025-2027 incluye un sistema de indicadores de cumplimiento para medir el impacto de las actuaciones, así como una evaluación intermedia en 2026, con participación de sindicatos y patronal. Entre los indicadores figuran el número de campañas realizadas, las sanciones impuestas y las mejoras registradas en materia de seguridad y salud.
Según fuentes del Ministerio, el objetivo es pasar de una inspección centrada en accidentes y fraudes a otra que ponga el acento en los riesgos invisibles del trabajo. “La prevención del cáncer laboral no puede depender solo de la buena voluntad de las empresas”, recoge el documento, que apuesta por reforzar los recursos humanos y tecnológicos del cuerpo inspector.
Con esta nueva estrategia, la Inspección amplía su papel más allá del control de jornadas o contratos. Se adentra en el terreno de la salud pública, al vincular el mundo del trabajo con enfermedades que antes quedaban fuera del radar institucional. El cáncer laboral, hasta ahora casi ausente en las políticas de prevención, se convierte en un asunto de Estado.
La vigilancia del amianto, los disolventes y otros agentes químicos peligrosos marcará el rumbo de una etapa en la que Trabajo aspira a que la prevención no sea solo una obligación legal, sino una garantía real de salud y dignidad en el empleo.
Fuente: www.elconfidencialdigital.com
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